Castigarán hasta con 15 años de prisión a quien cohabite forzadamente con menores en Colima

Colima, México, Avanzada (26/11/2025).- La fracción del PRI en el Congreso del Estado presentó una iniciativa para reformar el Código Penal de Colima y tipificar como delito la cohabitación forzada, una práctica que implica obligar o presionar a niñas, niños y adolescentes a vivir en una unión similar al matrimonio, sin su consentimiento o sin capacidad para comprender el significado de esa relación. La propuesta fue turnada a comisiones para su análisis.

De acuerdo con la exposición de motivos, la cohabitación o matrimonio forzado vulnera derechos fundamentales y reproduce desigualdad, pobreza y exclusión. La Agenda 2030 establece como prioridades la igualdad de género y la eliminación de prácticas nocivas contra niñas, niños y adolescentes; sin embargo, UNICEF advierte que en América Latina los matrimonios infantiles no han disminuido en 25 años.

El documento señala que el matrimonio infantil y las uniones tempranas constituyen una grave violación a los derechos humanos. La Secretaría de Gobernación, en su informe Niñez interrumpida (abril 2023), indica que 3% de las mujeres de zonas urbanas entre 20 y 24 años se unieron antes de los 15 años. En áreas rurales la cifra sube a 6% y en comunidades indígenas a 8%. Además, una de cada cinco mujeres mexicanas se une antes de los 18 años. Como consecuencia, diariamente nacen en México alrededor de mil bebés de madres menores de 19 años, y tan solo en 2022 se registraron 9 mil 185 nacimientos de niñas menores de 15 años.

La iniciativa recuerda que el Congreso de la Unión incorporó en abril de 2023 el delito de cohabitación forzada al Código Penal Federal para sancionar a quienes obliguen o induzcan a personas menores de edad a convivir de manera constante y equiparable a un matrimonio, aun cuando exista aparente consentimiento. Esta reforma busca erradicar prácticas nocivas y proteger el interés superior de la niñez.

Aunque el matrimonio infantil está prohibido en México, persisten uniones forzadas o de hecho, especialmente en zonas rurales y con alta marginación. Por ello, la bancada priista considera necesario armonizar la legislación estatal con la federal y precisar el alcance del delito para sancionar la coerción, abuso o manipulación, sin criminalizar relaciones entre adolescentes que sean verdaderamente consentidas y entre pares.

La iniciativa expone que el estudio Matrimonio infantil como impedimento para el desarrollo, elaborado por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado, reporta que en Colima se han registrado 1,582 matrimonios infantiles, principalmente en comunidades rurales e indígenas. Estas uniones, aunque no siempre formalizadas, representan violencia estructural que afecta la educación, salud y bienestar de niñas, niños y adolescentes, perpetuando ciclos de pobreza.

El PRI subraya que el principio del interés superior de la niñez debe guiar cualquier decisión legislativa. No sancionar adecuadamente la cohabitación forzada implica negar derechos esenciales como educación, salud, libre desarrollo y una vida libre de violencia.  La iniciativa propone modificar el Capítulo III del Título Cuarto y reactivar el artículo 162 del Código Penal, para establecer penas de 8 a 15 años de prisión y multas de hasta 2,500 UMAs a quien incurra en cohabitación forzada. Las sanciones aumentarían si la víctima pertenece a un pueblo indígena o afromexicano. El delito sería perseguido de oficio.

Tras su presentación, la reforma fue turnada a comisiones para su estudio, análisis y eventual dictamen.