Colima, México, Avanzada (25/11/2025).- El segundo informe de gobierno de la mandataria Indira Vizcaíno Silva se vio marcado por la irrupción de trabajadores sindicalizados que, encabezados por Martín Flores Castañeda, acudieron al Congreso del Estado para exigir el cumplimiento de las aportaciones al Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima (IPECOL). Aunque el recinto legislativo había sido blindado, los manifestantes lograron acercarse a la sede, donde fueron frenados por elementos de seguridad pública y atendidos por integrantes de la Junta de Coordinación Política.
En un mensaje a través de megáfono, el líder sindical agradeció a diputadas y diputados por recibirlos, reconociendo que el Poder Legislativo sí ha cumplido al 100% con las aportaciones previstas en el artículo 60 de la Ley de Pensiones. Flores Castañeda advirtió sobre el adeudo histórico de 675 millones de pesos que diversas administraciones han acumulado con el instituto, así como los pasivos más recientes del Gobierno del Estado correspondientes a los ejercicios 2022, 2023 y 2024, que ascienden a 180 millones de pesos.
El dirigente también acusó al Poder Judicial de mantener un adeudo de aproximadamente 110 millones de pesos por cuotas no cubiertas desde 2019. Señaló que todos estos montos estaban presupuestados y que existen recursos suficientes, derivado de una bonificación fiscal al Gobierno del Estado por 1,850 millones de pesos, producto del ISR aportado por los propios trabajadores.
Flores anunció que este viernes acudirán nuevamente al Congreso para solicitar la intervención de las comisiones legislativas y del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización, con el fin de verificar el destino de los recursos etiquetados para el IPECOL y exigir que se hagan cumplir las leyes vulneradas.
Más tarde, durante su discurso en la sesión solemne, la gobernadora Indira Vizcaíno omitió en su discurso al líder sindical y se dirigió directamente a la clase trabajadora, defendiendo el desempeño de su administración. Afirmó que, en cuatro años, los salarios del personal sindicalizado y jubilado han tenido un incremento acumulado de 29.4%, mientras que el personal operativo de seguridad ha recibido aumentos de 33.1% y el magisterio hasta 37.9%.
Vizcaíno sostuvo que su gobierno no utiliza las prestaciones laborales como mecanismo de control político, sino como parte de una visión “elemental de justicia”. Reiteró que se está avanzando en la viabilidad financiera del IPECOL mediante el fideicomiso creado para cubrir adeudos heredados y reconoció también a trabajadores sindicalizados del Poder Judicial y de la Fiscalía, con quienes —aseguró— se trabaja en homologaciones salariales.
En un momento de su intervención, la mandataria cuestionó al diputado Alberto Partida, señalando que no lo escuchó respaldar a los trabajadores cuando el exgobernador Ignacio Peralta dejó de pagar salarios y obligaciones fiscales a meses de concluir su mandato. Dijo que, en contraste, su administración ha abonado más de 400 millones de pesos a esa deuda.