Colima, México, Avanzada (24/11/2025) El pasado jueves 20 de noviembre, el mismo día que la mayoría de diputadas y diputados rechazó un punto de acuerdo para solicitar la remoción del fiscal general, Bryan Alejandro García Ramírez —acusado de revictimizar a la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Gabriela Mejía, asesinada el 14 de octubre—, el Congreso del Estado aprobó pedir al Gobierno estatal y a los ayuntamientos que iluminen de color naranja sus edificios del 21 de noviembre al 10 de diciembre, como muestra del “compromiso” con la eliminación de la violencia contra las mujeres.
La propuesta fue presentada por la diputada morenista Glenda Ochoa, presidenta de la Comisión de Bienestar, Inclusión Social y Equidad de Género, quien se ha mantenido en silencio público sobre los feminicidios, los homicidios dolosos de mujeres y los altos índices de hostigamiento sexual que colocan a Colima entre los primeros lugares nacionales. A inicios de este año, esta reportera le cuestionó sobre su postura frente a dicha violencia, pero la legisladora evitó pronunciarse alegando que “no quería problemas”.
El punto de acuerdo aprobado invita a la Gobernadora, al Poder Judicial, al Congreso y a los diez municipios a iluminar edificios y monumentos en color naranja, en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género.
En su argumentación, Ochoa menciono que “iluminar nuestros edificios públicos de color naranja no es un simple acto estético o de momento. Es un pronunciamiento institucional, una señal clara de que Colima se une a la exigencia global por un mundo libre de violencia. Es un recordatorio para la ciudadanía de que esta lucha es de todas y de todos. Y es, también, una manera de honrar a quienes ya no están y de acompañar a quienes aún viven con miedo. El color naranja nos invita a la esperanza, a la prevención y a la acción” expuso.
Sin embargo, en esa misma sesión, la mayoría de las y los legisladores votó en contra de analizar la remoción del Fiscal General. La diputada priista Betzaida Luz Alondra Pinzón Carreto presentó un punto de acuerdo para solicitar a la gobernadora Indira Vizcaíno Silva que lo destituyera, al considerar que García Ramírez violentó principios legales y obligaciones institucionales al emitir, en una entrevista, declaraciones que revictimizaron a Gabriela Mejía Martínez, regidora asesinada el 14 de octubre. Señaló que sus manifestaciones vulneraron la Ley General de Víctimas, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la legislación estatal, al revelar líneas de investigación, afectar la reputación de la víctima y generar criminalización sin sustento.
La legisladora sostuvo que el fiscal incumplió disposiciones directamente vinculadas con sus funciones, lo que actualiza la causal de remoción. A pesar de ello, la mayoría del Congreso cerró filas en su defensa, pero aprobó solicitar que los edificios públicos se iluminen de naranja.