En cuatro años, ningún funcionario en Colima acumula más reclamos de renuncia que el fiscal

Colima, México, Avanzada (14/11/2025).- En los últimos cuatro años, el fiscal general del estado, Bryant Alejandro García Ramírez, es el funcionario que ha concentrado el mayor número de exigencias de que renuncie, aún por encima de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, quien ocupa el segundo lugar.

Las exigencias contra el fiscal Bryant García se han repetido en manifestaciones, pronunciamientos de colectivos civiles y hasta en escritos firmados por profesionistas que cuestionaron su actuación en investigaciones de alto perfil.

El episodio más visible ocurrió a principios de 2023, cuando grupos de ciudadanos se concentraron frente a la Fiscalía y dejaron claro su reclamo de que el titular dejara el cargo por lo que calificaron como manejo errático y declaraciones que revictimizaban a familiares de víctimas. Diversos medios locales documentaron caravanas y movilizaciones que se combinaron con cartas públicas donde psicólogos, médicos y activistas señalaban prejuicios en las declaraciones del funcionario y exigían su salida. 

Esas protestas fueron detonadas por las declaraciones del fiscal en las que revictimizó al médico Iván Jacinto Cortés, al afirmar que su asesinato habría sido cometido por causas pasionales.

Actualmente, el fiscal García enfrenta también un fuerte rechazo por sus recientes declaraciones sobre el asesinato de la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Gabriela Mejía Martínez, lo que ha generado denuncias de revictimización. Según las afirmaciones del funcionario, Mejía vivía en una casa ligada con personas del crimen organizado y la camioneta en la que fue atacada le pertenecía a un individuo identificado con un grupo delictivo apodado “El Jarocho”. 

Además, García afirmó que la exedil enfrentaba problemas financieros, pues habría solicitado préstamos incluso al ayuntamiento para cubrir compromisos económicos.  

Estas revelaciones provocaron reacciones críticas. El presidente estatal del PRI, Enrique Rojas Orozco, aseguró que con estas declaraciones el fiscal “mancha la memoria” de Mejía, una mujer que ya no puede defenderse.  Rojas incluso advirtió que revelar información tan sensible podría afectar la validez de las pruebas judiciales. 

La indignación ha derivado en exigencias formales para que García renuncie. Sectores ciudadanos, partidos políticos y activistas argumentan que al exponer datos personales y supuestas relaciones de la fallecida con el crimen organizado, se vulnera la dignidad de Mejía y se politiza la investigación de su homicidio.

En diversos momentos, la expresidenta municipal de Manzanillo Griselda Martínez Martínez, quien ocupó el puesto en dos ocasiones consecutivas, ha exigido públicamente la renuncia de Bryant Alejandro García a la Fiscalía, por considerar que no han existido avances en las investigaciones de los atentados sufridos por ella y que, en cambio, ha dado celeridad a denuncias injustificadas en su contra.

También la regidora de Manzanillo Martha Zepeda del Toro ha solicitado la renuncia del fiscal al considerar que ha incurrido de manera reiterada en violaciones al debido proceso al revelar información contenida en carpetas de investigación, lo que ha sucedido en diversos casos.

En lugar de enfocarse en resolver los crímenes, dijo, el funcionario “termina hablando más de las víctimas que de los agresores o de las investigaciones… cuando se habla más de la víctima que del responsable, no es por otra razón sino por la propia ineptitud de las autoridades, y esto genera más violencia y un profundo dolor para las familias, porque no sólo no hay justicia, sino una revictimización constante”.

Paralelamente, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva ha sido criticada por su responsabilidad política en el manejo de seguridad y derechos humanos. El episodio más grave ocurrió tras la marcha del 8 de marzo de 2024, cuando se denunció el uso de gas lacrimógeno contra manifestantes. 

En respuesta a la presión pública, Vizcaíno destituyó al subsecretario operativo de la Secretaría de Seguridad Pública, José Manuel Zataraín Lizárraga, a quien responsabilizó por decisiones “equivocadas” durante la protesta.  En su discurso, la gobernadora afirmó que su instrucción fue siempre la de proteger a las manifestantes y que un examen detallado de los videos no mostró justificación para el uso de gas lacrimógeno. 

Pero la gestión de Vizcaíno ha sido cuestionada no sólo por la represión, sino por el contexto general de violencia y precariedad en el estado, lo que ha sido una constante, puessegún reportes recientes, Colima registra una de las tasas más altas de homicidios dolosos en el país, y la gobernadora ha sido señalada por no cumplir con las promesas de seguridad y justicia. 

Otro momento en que hubo exigencias de que renunciara fue cuando en el primer año de su gobierno otorgó un jugoso y desproporcionado aumento a su sueldo y al de varios de sus funcionarios allegados, situación de la que culpó a un funcionario menor del área de finanzas y tuvo que dar marcha atrás en los aumentos.