Revictimización sistemática: práctica persistente en la Fiscalía de Colima

Colima, México, Avanzada (13/11/2025).- Las declaraciones del fiscal general de Colima, Bryant Alejandro García Ramírez, en torno a las investigaciones sobre el asesinato de la exalcaldesa y regidora de Cuauhtémoc Gabriela Mejía Martínez, reavivaron un reclamo persistente en el estado: la revictimización de quienes sufren la violencia por parte de las propias autoridades encargadas de procurar justicia.

A casi un mes del crimen, ocurrido el 14 de octubre, el fiscal ofreció versiones públicas sobre “líneas de investigación” e insinuó la existencia de supuestos vínculos personales de la víctima con delincuentes.

La difusión de esas conjeturas, sin sustento judicial ni perspectiva de género, desató la indignación de feministas, organizaciones civiles, representantes populares y partidos políticos, que acusaron a la Fiscalía de revictimizar a la exfuncionaria y desviar la atención del caso.

El caso de Gabriela Mejía se convirtió en un nuevo símbolo de una práctica institucional que ha acompañado a múltiples tragedias en Colima, en las que las autoridades, con sus palabras o sus actos, vuelven a lastimar a las víctimas.

La lista de antecedentes es amplia y uno de los casos más recordados es el del médico patólogo Iván Jacinto, reportado como desaparecido el 27 de diciembre de 2022 y hallado muerto días después en Minatitlán.

En una declaración, el fiscal García Ramírez afirmó que el homicidio “no tenía relación con sus actividades profesionales, sino con circunstancias de su vida personal”, y habló de un posible “crimen pasional”.

El comentario fue duramente criticado por el gremio médico y por organismos civiles, pues para muchos observadores el caso evidenció una tendencia a trivializar el delito y contaminar la investigación con estereotipos.

Otro episodio ocurrió en agosto de ese mismo año con el joven José Heriberto, de 21 años, desaparecido en la capital del estado, pues cuatro días después del reporte, la Fiscalía declaró que “no existían indicios de delito” y difundió información sobre supuestos antecedentes de consumo de drogas e internamiento médico del joven.

Además, cuando familiares bloquearon una carretera para exigir su búsqueda, la FGE abrió carpetas de investigación en su contra.

“En lugar de buscarlo, lo criminalizaron y nos trataron como delincuentes”, denunció un familiar en una conferencia organizada por colectivos de desaparecidos.

La estigmatización de la víctima y el hostigamiento a sus familiares son, según expertos, las formas más graves de revictimización institucional, pues obstaculizan el acceso a la justicia y desalientan la denuncia.

El gremio periodístico de Colima ha sufrido de manera directa el mismo patrón, pues en octubre de 2024 la periodista Paty Bunbury, colaboradora de medios digitalesen temas de espectáculos, fue asesinada en el municipio de Colima.

En un primer comunicado, la fiscalía omitió el hecho de que Ramírez González era periodista, sin explicar las circunstancias exactas de su homicidio ni resguardar la identidad de sus familiares.

Posteriormente, en una “actualización” sobre el caso, la FGE divulgó detalles que vinculan a la hermana de la víctima con actividades ilícitas, en un intento de relacionar a la víctima y su familia con el crimen organizado. Este enfoque desvió la atención de la investigación del homicidio, insinuando una supuesta “responsabilidad” indirecta de la propia víctima.

Sin embargo, las prácticas no se limitan a los casos mediáticos, pues se han conocido casos de personas —particularmente mujeres, familiares de desaparecidos y víctimas de delitos sexuales— que han sido tratadas con insensibilidad o discriminación por funcionarios públicos.

Entre las quejas más frecuentes se encuentran la falta de acompañamiento psicológico, la difusión de datos personales sin consentimiento, los retrasos en investigaciones y el lenguaje despectivo en las entrevistas ministeriales.

El denominador común de todos estos casos es la falta de sensibilidad y de protocolos con perspectiva de derechos humanos en la comunicación oficial y en la atención a las víctimas.