Colima, México, Avanzada (20/08/2025).- Tras la vinculación a proceso de la expresidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez, y de varios de sus excolaboradores, entre ellos las regidoras en funciones Martha “N” y Sara “N”, el Comité Directivo Estatal del PRI y Movimiento Ciudadano manifestaron su rechazo a la medida cautelar que ordena la separación temporal de ambas edilas de sus cargos.
La decisión judicial se dictó luego de una audiencia que se prolongó por más de 14 horas, en la que se imputaron a Martínez y a otros exfuncionarios los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, así como violaciones a la ley que regula las remuneraciones de servidores públicos. Aunque todos enfrentarán el proceso en libertad, la jueza de control determinó que Martha y Sara dejaran sus funciones en el Cabildo de Manzanillo mientras se desarrollan las investigaciones.
Ante ello, el Comité Directivo Estatal del PRI, junto con la Asociación de Munícipes Priístas, expresó su “firme y categórico respaldo” a la regidora Sara Valdovinos, al considerar que la resolución es “desproporcionada e injustificada”. El tricolor afirmó que la separación del cargo “vulnera principios fundamentales de la democracia y de la representación ciudadana”, por lo que exigió que el proceso se conduzca con estricto apego a la legalidad, sin “lecturas políticas o partidistas”.
Por su parte, Movimiento Ciudadano manifestó su apoyo a Griselda Martínez y a la regidora Martha Zepeda del Toro, a quienes calificó como víctimas de una persecución política. El partido naranja calificó de inadmisible que se utilicen las instituciones de justicia “como herramientas para castigar a voces críticas y no a los delincuentes”.
“En esta ocasión resulta un claro atentado contra la democracia, al quitar de su encargo a quien llegó por el voto de las y los manzanillenses”, señaló MC, al tiempo que exigió un proceso justo y transparente.
En una declaración posterior a la audiencia, Griselda Martínez reiteró su inocencia y anunció que recurrirá a instancias jurídicas adicionales para su defensa. “No hemos cometido ninguno de los delitos que se nos imputan”, sostuvo, además de acusar que “el estado de Colima sigue coptado por un grupo de interés”.
El caso continuará en etapa de investigación complementaria durante un plazo de tres meses, en el que la defensa de Martínez y de sus excolaboradores buscará revertir las medidas cautelares impuestas.