Alto a la ley mordaza

EDITORIAL

Con más de 600 firmas de periodistas, activistas, académicos y ciudadanos, una petición publicada en change.org lanza un llamado urgente al Estado mexicano para detener el uso arbitrario de leyes para silenciar a la prensa crítica. El documento exige frenar la manipulación de figuras legales como la “violencia política en razón degénero” para castigar opiniones y publicaciones periodísticas, en procedimientos que, según denuncian, se llevan a cabo sin el mínimo respeto al debido proceso.

El mensaje es claro en el sentido de que la ley no debe ser utilizada como una mordaza contra quienes ejercen su derecho a informar y opinar. Por el contrario, debe ser una herramienta para garantizar ese derecho, porque una democracia no puede tolerar la censura institucional.

La preocupación no es menor ni aislada, pues México se mantiene, año tras año, como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Organismos como Artículo 19, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Reporteros Sin Fronteras han documentado decenas de asesinatos de comunicadores, amenazas, agresiones físicas y campañas de desprestigio, muchas de ellas con la participación de actores estatales.

Pero a esa violencia física se suma una forma más sofisticada y menos visible de censura, encarnada en la judicialización del periodismo. En particular, preocupa el uso de leyes concebidas para proteger derechos como la igualdad de género o el respeto a la vida privada con fines de represión política. La denuncia colectiva alerta sobre casos en los que periodistas han sido sancionados por supuesta violencia política de género sin garantías procesales ni posibilidad real de defensa, lo que deja abierta la puerta a la arbitrariedad.

La petición difundida en la plataforma digital plantea tres exigencias concretas: El cese inmediato del uso de figuras legales para castigar el ejercicio periodístico crítico, la revisión de los casos en los que se impusieron sanciones sin apego a garantías procesales y la plena garantía del derecho a la libertad de expresión, conforme a los estándares constitucionales e internacionales.

Estas demandas no buscan impunidad ni privilegios para nadie, pues se trata, simplemente, de evitar que se use la ley para restringir un derecho fundamental.

El Estado mexicano ha creado mecanismos para la protección de periodistas, como el Mecanismo Federal o la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE). Sin embargo, su efectividad es limitada, sobre todo cuando los agresores pertenecen al propio aparato gubernamental.

La paradoja es evidente: mientras en el discurso se defiende la libertad de expresión, en los hechos se tolera o incluso se promueve su restricción mediante herramientas legales. La desconfianza hacia las instituciones crece, y con razón. En varios casos, los periodistas afectados no solo han enfrentado procesos desaseados, sino que además han sido objeto de linchamientos digitales impulsados desde cuentas afines al poder.

Frente a este panorama, la solidaridad social es vital, porque si se permite que el aparato del Estado imponga “castigos ejemplares” a periodistas mediante marcos legales ambiguos o mal aplicados, se estará enviando un mensaje de intimidación al gremio entero para que se abstenga de incomodar al poder.

Tanto en México como en Colima, respaldar esta petición no es solo un acto de defensa gremial, sino que es una declaración a favor del derecho de la sociedad a estar informada, a conocer lo que hacen sus autoridades, a escuchar voces disidentes y a formarse un juicio propio sobre los asuntos públicos. Es importante estar conscientes de que cuando se silencia al periodismo, se apaga también la posibilidad de construir una democracia plena.

La petición puede ser leída y firmada en el siguiente enlace: https://www.change.org/p/defendamos-la-libertad-de-expresi%C3%B3n-y-los-derechos-de-los-periodistas-en-m%C3%A9xico?source_location=search