Colima deja intacta la riqueza del crimen organizado

Colima, México, Avanzada (05/08/2025).- A pesar de contar desde 2015 con una Ley de Extinción de Dominio diseñada para debilitar las estructuras económicas del crimen organizado, en Colima no existe registro público de que se haya aplicado con éxito: no hay casos documentados, sentencias emitidas, bienes transferidos al Estado, ni recursos canalizados hacia la reparación de víctimas o programas sociales.

La ley, aprobada por el Congreso del Estado el 15 de diciembre de 2014 y con entrada en vigor al año siguiente, contempla una amplia gama de delitos graves como delincuencia organizada, narcotráfico, secuestro, extorsión, peculado, enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, a más de una década de su promulgación, sigue siendo una herramienta desaprovechada en la práctica: no hay evidencia de decomisos efectivos ni de un solo procedimiento judicial concluido bajo este marco normativo.

En un contexto de violencia creciente, donde los grupos criminales mantienen capacidad operativa, armamento, control territorial e influencia en instituciones, la inacción del Estado en materia de extinción de dominio representa una omisión crítica. Mientras se fortalecen operativamente, los cárteles también lo hacen financieramente. Sus ganancias derivadas del narcotráfico, el robo de combustible y otras actividades ilícitas no solo les permiten sostener sus estructuras, sino también corromper autoridades, reclutar sicarios, intimidar comunidades enteras y expandir su presencia.

Quitarles el poder económico —más allá del castigo penal— es una estrategia probada para frenar su expansión. Así lo demuestra el modelo estadounidense del “civil asset forfeiture”, un procedimiento judicial que permite al gobierno federal incautar bienes asociados al crimen sin necesidad de una condena penal previa. A través de este esquema, el Departamento de Justicia de E.U. ha logrado recuperar más de 12 mil millones de dólares desde el año 2000, destinados a víctimas, programas de reparación y fortalecimiento institucional.

Uno de los casos más emblemáticos es el del ex policía mexicano Gilberto Lerma Plata, vinculado al Cártel del Golfo, quien fue condenado en Texas en 2013 y obligado a pagar 10 mil millones de dólares, monto equivalente a las ganancias estimadas de ese grupo delictivo entre 2006 y 2011. Otros casos incluyen a grandes bancos como HSBC y Wachovia, sancionados con 1.93 mil millones y 110 millones de dólares, respectivamente, por facilitar operaciones de lavado de dinero procedente del narcotráfico mexicano. Buena parte de esos recursos fueron confiscados y destinados a programas públicos.

En contraste, Colima no ha incautado ni un peso por la vía de extinción de dominio. A pesar de contar con un marco legal robusto, las autoridades estatales han sido omisas en activar esta herramienta que permitiría recuperar inmuebles, vehículos, dinero en efectivo, joyas, cuentas bancarias y empresas fachada, todos ellos activos vinculados a estructuras delictivas.

Los recursos que podrían haber sido recuperados servirían no sólo para enfrentar la violencia, sino para fortalecer las instituciones de seguridad y justicia, impulsar programas sociales en comunidades afectadas y resarcir el daño a víctimas directas. La falta de voluntad o de capacidad para aplicar la ley ha impedido que esos bienes pasen del control criminal al uso público.

En lugar de traducirse en beneficios sociales, los activos del crimen organizado permanecen en manos privadas o son reciclados mediante esquemas de lavado, lo que perpetúa el círculo de violencia, impunidad y corrupción. Cada año que pasa sin acciones concretas en esta materia representa una pérdida millonaria para el Estado, no sólo en términos económicos, sino también en la oportunidad de devolverle poder a una ciudadanía agraviada.

Colima tiene una ley vigente y una realidad urgente. La pregunta es por qué no se ha hecho nada.

*En la fotografía, algunos de los integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad.