Una empleada del Centro de Justicia para las Mujeres en Veracruz fue suspendida tras provocar un choque, agredir a una agente de Tránsito e intentar sobornarla. El escándalo creció al revelarse que portaba dos credenciales oficiales con diferentes nombres.
Veracruz, México, Avanzada (03/08/2025).- Una trabajadora del Centro de Justicia para las Mujeres del estado de Veracruz fue suspendida de manera inmediata tras verse involucrada en un accidente múltiple en pleno centro de Xalapa y protagonizar una agresión contra una agente de Tránsito.
La mujer, identificada por algunas fuentes como analista administrativa del organismo, manejaba una camioneta cuando provocó un choque entre al menos tres vehículos sobre las calles Enríquez y el Viaducto del Parque Juárez, a pocos metros del Palacio de Gobierno. Tras el percance, agredió verbal y físicamente a una oficial de tránsito e incluso intentó sobornarla con dinero en efectivo, como muestran varios videos difundidos en redes sociales.
Pese a que fue detenida y trasladada al Cuartel de San José, fue liberada poco después, situación que ha despertado suspicacias sobre la posible protección institucional.
Además del escándalo vial y la conducta agresiva, el caso ha generado mayor controversia al revelarse que la funcionaria portaba dos identificaciones oficiales del mismo organismo, pero con nombres distintos: Karla Vianey García Lagunes y Mariana Flores. Activistas de la organización Resistencia Civil Xalapeña denunciaron públicamente esta irregularidad y cuestionaron si se trata de un caso de doble nómina o de identidad falsa.
“El Centro de Justicia para las Mujeres tiene que responder con claridad: ¿cómo es posible que una misma persona tenga dos credenciales oficiales con nombres distintos?”, señalaron en un comunicado.
El Centro confirmó la suspensión de la funcionaria mientras se llevan a cabo las investigaciones, y se deslindó de cualquier conducta ajena a los principios de legalidad y ética. Sin embargo, hasta el momento no ha ofrecido una explicación sobre la dualidad de identidades ni aclarado si la trabajadora fue consignada por los posibles delitos cometidos.
Abogadas y representantes de colectivos feministas han solicitado que se investigue a fondo el caso, no solo por la violencia ejercida contra una oficial, sino también por las posibles faltas administrativas y penales derivadas del uso de documentación oficial con datos distintos.