Seis meses de impunidad: exigen justicia por el asesinato de Fabián Galván y su esposa

Colima, México, Avanzada (02/08/2025).- A seis meses del asesinato de Arturo Fabián Galván Birrueta y su esposa Rosa María Magdalena Frías Medina, un grupo de ciudadanas y ciudadanos de Colima y del país dirigió un enérgico llamado a las autoridades federales y estatales para exigir justicia ante la impunidad que rodea el caso y denunciar lo que consideran una persecución política en contra de la exalcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez.

En un pronunciamiento público, las y los firmantes expresaron su preocupación por tres temas fundamentales que, a su juicio, ponen en riesgo la convivencia democrática en Colima: la violencia desbordada que atraviesa el estado, la ineficacia de la Fiscalía General del Estado en la investigación de delitos, y la persecución política contra figuras de oposición al actual gobierno.

De manera particular, denunciaron la falta de avances significativos en las investigaciones por el doble homicidio ocurrido el 2 de febrero de este año. Fabián Galván, ex director del Registro Civil en la administración de Griselda Martínez y militante histórico de izquierda, habría sido objeto de ataques y amenazas en redes sociales luego de manifestar abiertamente sus críticas al gobierno de Colima.

Los firmantes señalaron que el trabajo de la Fiscalía local ha sido opaco, lento e ineficiente, y que los únicos avances presentados podrían constituir el uso de un “chivo expiatorio” en lugar de un esclarecimiento verdadero. Por ello, reiteraron su exigencia de que el caso sea atraído por instancias federales, a las cuales —afirman— ya se ha solicitado formalmente desde el 5 de marzo, sin respuesta.

Asimismo, denunciaron una supuesta persecución política contra la ex presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez, a quien se le han abierto carpetas de investigación por presunto peculado. Consideran que estas acciones forman parte de una campaña para desprestigiarla por su postura crítica frente al gobierno actual, lo cual constituye, aseguran, un acto de violencia política.

También criticaron el retiro de medidas de protección otorgadas a Griselda Martínez como víctima reconocida de violencia, lo que la deja en una situación de vulnerabilidad pese a los antecedentes de atentados en su contra durante su mandato.

Entre sus demandas concretas destacan: el esclarecimiento total del doble homicidio y sanción a sus responsables; el cese a la persecución política contra la exalcaldesa de Manzanillo, y la creación de una Fiscalía estatal verdaderamente autónoma e independiente del poder político.

El pronunciamiento está respaldado por más de 100 personas, entre activistas, académicos, exlegisladores y figuras históricas del movimiento de izquierda en México, como Pablo Moctezuma Barragán, Leonel Godoy Rangel, Osbelia Arellano López, Saúl Escobar Toledo y Marlon Berlanga Sánchez, entre otros.