Estridente silencio ante el asesinato del exalcalde Enrique Monroy

Editorial

La localización del cuerpo sin vida del exalcalde interino panista de Villa de Álvarez, Enrique Monroy Sánchez, en el municipio de Comala, más de tres meses después de su desaparición ocurrida el 24 de abril de este año, estuvo envuelta por el escandaloso silencio de las instituciones gubernamentales y de los personajes del mundo político colimense.

En parte, lo anterior fue provocado por la Comisión de Búsqueda de Personas del estado, que si bien difundió la información sobre la localización del exedil, jamás precisó si había sido con vida o sin vida, lo que generó incertidumbre entre los usuarios de las redes sociales.

La Fiscalía General del Estado (FGE) contribuyó a lo anterior al no proporcionar información oportuna sobre el suceso a la ciudadanía. Ni siquiera confirmó públicamente el hallazgo del cuerpo del exedil. La mayoría de los medios de comunicación permaneció en espera de un comunicado oficial, hasta que algunos se atrevieron a publicar la nota con base en fuentes extraoficiales.

A pesar de que para la mayoría de la población la falta de información ante una circunstancia de este tipo es motivo de confusión, no pasa así con los integrantes de la clase política, que tienen otras posibilidades de acceso a la información. Aún así, el asesinato de Monroy no provocó a lo largo del martes una sola declaración pública de las dirigencias del Partido Acción Nacional (PAN), instituto político al que pertenecía.

No hubo pronunciamientos de figuras relevantes del ámbito local ni de sus antiguos compañeros de partido o gestión. Tampoco hubo expresiones de otros partidos ni de la gobernadora, que por el puesto que ostenta era natural esperar de ella un pronunciamiento, como un gesto de cortesía política con sus adversarios y, sobre todo, como un reconocimiento de la responsabilidad que carga sobre los hombros de garantizar la seguridad de todos los colimenses, incluidos los políticos. El silencio más preocupante fue el de las autoridades.

La opacidad fue total. Este no es un caso aislado, sino parte de una constante que se ha repetido durante los últimos 15 años en Colima: la violencia letal contra actores políticos y funcionarios públicos, envuelta casi siempre en el mismo velo de impunidad y silencio.

Desde el asesinato del exgobernador Silverio Cavazos en 2010, pasando por el homicidio del juez federal Uriel Villegas Ortiz y su esposa en 2020, la desaparición y posterior hallazgo sin vida de la diputada local Francis Anel Bueno Sánchez ese mismo año, el crimen del diputado local Roberto Chapula en 2022, hasta el atentado que casi le cuesta la vida a la alcaldesa Griselda Martínez en 2019 y el asesinato del regidor Martín Cázares en 2018, Colima ha acumulado una preocupante lista de ataques letales contra personajes públicos.

También fueron asesinados el delegado federal de la Sedatu, Jaime Vázquez Montes, en 2016; el coordinador de asesores del gobierno estatal Saúl Adame Barreto, en 2011; y recientemente, funcionarios municipales como el secretario del ayuntamiento de Villa de Álvarez y un aspirante a la alcaldía de Armería. Ninguno de estos casos ha sido resuelto de forma creíble ni transparente ante la sociedad.

Las investigaciones, cuando existen, rara vez arrojan resultados, y con frecuencia son ocultadas bajo el argumento de la secrecía procesal. La posibilidad de que en estos crímenes existan móviles políticos pocas veces es explorada a fondo y, en cambio, se busca desdibujar el perfil público de las víctimas, reduciendo su muerte a la narrativa del “crimen común”, como si eso disminuyera la responsabilidad del Estado.

¿Y qué decir de la obligación constitucional de garantizar justicia y seguridad para todos los colimenses? Le guste o no, la responsabilidad principal corresponde hoy a la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, como también les correspondió en su momento a sus antecesores Mario Anguiano Moreno y José Ignacio Peralta Sánchez. Sin embargo, los resultados están a la vista: el Estado ha sido incapaz de proteger a sus propios funcionarios, menos aún a sus ciudadanos.

El caso de Enrique Monroy debería ser un parteaguas. No solo por tratarse de un exalcalde, sino por lo que representa su ejecución: la normalización de la violencia política en una entidad que ha sido asfixiada por el crimen organizado, y en la que los actores institucionales han renunciado a sus responsabilidades más básicas.

Lo mínimo que se exige es una investigación seria, profunda y transparente que esclarezca los hechos. Pero también se requiere una sociedad que no tolere el silencio ni la impunidad. Y una clase política que deje de comportarse como si los muertos no fueran parte de su historia. Porque lo son. Y porque mientras no haya justicia, esos muertos seguirán reclamándola desde el fondo de las fosas donde fueron arrojados.