E.U. va por los bienes de Rocha Moya y nueve funcionarios señalados por narcotráfico

Avanzada (02/05/2026).- La acusación formal presentada ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York establece que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios deberán entregar bienes, dinero, armas y cualquier ganancia presuntamente ligada a actividades criminales, en caso de acreditarse los delitos que les imputa el gobierno de Estados Unidos.

De acuerdo con el documento judicial, las autoridades estadounidenses buscan el decomiso de “todos y cada uno de los bienes que constituyan, o se deriven de, cualquier ganancia” obtenida directa o indirectamente por los acusados a partir de delitos relacionados con narcóticos, así como aquellos bienes utilizados para facilitar dichas actividades.

La acusación incluye, además del mandatario estatal, a funcionarios como Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán.

En el apartado de “Notificaciones de decomiso”, la acusación precisa que, por los delitos relacionados con armas de fuego, los imputados también deberán ceder “todas las armas de fuego y municiones involucradas y utilizadas” en las conductas señaladas.

Asimismo, en el caso específico de Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, se contempla el decomiso de bienes muebles e inmuebles, así como sumas de dinero equivalentes a las ganancias obtenidas por delitos de secuestro.

El documento añade una disposición clave: si los bienes originalmente vinculados a los delitos no pueden ser localizados —ya sea porque fueron transferidos, vendidos, ocultados o disminuyeron de valor—, el gobierno estadounidense podrá solicitar el decomiso de otros activos de los acusados hasta cubrir el monto correspondiente.

La acusación, presentada por autoridades federales de E.U., señala a los implicados por presuntos delitos como conspiración para el tráfico de drogas —incluyendo fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina—, uso de armas de alto poder, secuestro y vínculos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de “Los Chapitos”.

Según el expediente, los funcionarios habrían recibido sobornos millonarios a cambio de proteger operaciones del narcotráfico, facilitar el trasiego de drogas, alertar sobre operativos y permitir acciones violentas contra grupos rivales, además de presuntamente intervenir en procesos electorales.

Hasta el momento, las personas señaladas no han sido condenadas, y el proceso se mantiene en curso en tribunales estadounidenses.