Peña Colorada, 50 años de extracción minera y daño ambiental

Editorial

A medio siglo de su inicio de operaciones, la minera Peña Colorada se ha convertido en uno de los emblemas del modelo extractivista en México. Ubicada en la región limítrofe entre Colima y Jalisco, esta empresa dedicada a la explotación de hierro empezó a trabajar en 1975 como paraestatal del gobierno federal, posteriormente fue vendida a la iniciativa privada y actualmente es una trasnacional con capital italo-argentino-indio.

Aunque presume altos estándares de productividad y modernización, que la han colocado como una de las mayores extractoras de hierro del país, su legado ambiental y social en la zona de influencia deja una estela de afectaciones profundas que no pueden ocultarse tras cifras de producción o programas de “responsabilidad social”. De las huellas dañinas de sus afectaciones han quedado testimonios en las quejas y denuncias realizadas por habitantes de las comunidades de los alrededores, difundidas por medios de comunicación estatales y nacionales, entre ellos este espacio periodístico de Avanzada.  

Desde su establecimiento en la década de los setentas, Peña Colorada ha transformado radicalmente el paisaje de la Sierra de Manantlán, una región de alta biodiversidad que de acuerdo con estudios académicos de investigadores de diversas instituciones educativas alberga especies endémicas, cuerpos de agua esenciales y bosques fundamentales para el equilibrio climático local. Las operaciones mineras han implicado la remoción de grandes extensiones de vegetación, la apertura de tajos, la alteración de cauces naturales y la instalación de infraestructura de desechos que ha generado riesgos constantes para los ecosistemas.

Uno de los daños más visibles ha sido la deforestación. A lo largo de los años, miles de hectáreas de selva media y bosque mesófilo han sido eliminadas para dar paso a caminos, patios de maniobras, instalaciones industriales y presas de jales. Tan solo en 2019, la Semarnat autorizó un depósito de residuos de 133 hectáreas en la zona de El Arrayanal, lo que organizaciones ambientalistas denunciaron implicaría la tala de más de 10 mil árboles. Pero ese proyecto fue apenas uno más en una larga lista de intervenciones que han reducido la cobertura vegetal de la región.

Además, comunidades cercanas de la zona indígena de Ayotitlán (Jalisco) y El Arrayanal (Colima) han denunciado por años la contaminación de ríos y arroyos, la desaparición de manantiales y la afectación de cultivos. La presencia constante de material particulado, el escurrimiento de residuos y la modificación del ciclo hídrico han mermado no sólo el entorno natural, sino también la calidad de vida de las personas. Los animales silvestres han sido desplazados, las cosechas se han visto afectadas por plagas y enfermedades, y el acceso al agua limpia se ha vuelto cada vez más difícil.

A esto se suma un patrón de omisión institucional. Las comunidades afectadas han acusado que la Semarnat y la Profepa no actúan con imparcialidad ni cumplen con sus funciones de vigilancia y sanción. Las consultas ambientales han sido escasas o meramente simbólicas, y la mayor parte de los proyectos han sido aprobados sin considerar el consentimiento libre e informado de las comunidades indígenas y ejidales.

Cincuenta años después, Peña Colorada sigue operando “con permisos en regla”, pero sin responder plenamente por el daño acumulado. El modelo de desarrollo que representa prioriza el rendimiento económico sobre el equilibrio ecológico y el respeto a los pueblos que habitan el territorio. Frente a esta realidad, urge replantear las condiciones bajo las cuales se otorgan concesiones mineras, garantizar procesos de remediación real y, sobre todo, detener el avance de un modelo que ha extraído mucho hierro, pero ha dejado heridas profundas en la tierra y en la gente.