Crearán padrón de tortura en Colima

Colima, México, Avanzada (02/06/2025).- Aunque la tortura no es reconocida como uno de los delitos de mayor incidencia por las autoridades policiales o ministeriales en Colima, la Fiscalía General del Estado contará por primera vez con un Registro Estatal del Delito de Tortura, una herramienta tecnológica que permitirá integrar datos no solo de sus propias investigaciones, sino también de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima y de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas.

El acuerdo que formaliza la creación del registro fue firmado por el fiscal general, Bryant Alejandro García Ramírez, y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 17 de junio. Ahí se establece que este sistema digital tendrá como objetivo recopilar, organizar y analizar información sobre denuncias e investigaciones relacionadas con tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, cometidos a partir del 1 de enero de 2018.

Aunque se trata de un delito poco visibilizado en las estadísticas de incidencia delictiva, la Fiscalía sostiene que este registro servirá como una herramienta de análisis de inteligencia para identificar patrones de actuación institucional, zonas de riesgo, tipos de víctimas y posibles prácticas sistemáticas. “Con la información contenida se podrán realizar estudios especializados, incluyendo análisis de contexto y patrones sobre la comisión del delito”, señala el documento.

El Registro Estatal será administrado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Tortura, en coordinación con la Dirección de Tecnologías de la Información de la propia Fiscalía. Estará interconectado con el Registro Nacional del Delito de Tortura, operado por la Fiscalía General de la República, como lo exige la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, vigente desde 2017.

El sistema será de uso exclusivo para personal autorizado, pero se integrará con la información de las tres instancias estatales antes mencionadas, bajo convenios de colaboración específicos. Las instituciones serán responsables de los datos que ingresen, actualicen o modifiquen, y deberán adoptar medidas estrictas de seguridad digital.

Uno de los puntos clave del acuerdo es la protección de la información. En su cláusula novena, el documento establece que “las y los servidores públicos que tengan acceso al Registro Estatal del Delito de Tortura deberán guardar estricta confidencialidad de la información sobre la cual tengan conocimiento o acceso”. También queda “estrictamente prohibido reproducir, divulgar, comunicar, transmitir, grabar, almacenar, utilizar o revelar la información confidencial con fines distintos a los previstos, o en beneficio propio o de terceros”.

Además, se advierte que toda consulta o modificación quedará registrada en una bitácora electrónica de acceso, operada por la Dirección de Tecnologías de la Información, lo que permitirá identificar a cualquier funcionaria o funcionario que acceda al sistema.

El registro reunirá información detallada sobre instituciones responsables del caso, número de carpeta o expediente, fechas de inicio, delitos investigados, síntesis de hechos y número de víctimas, así como datos personales y procesales de las víctimas: nombre, sexo, edad, nacionalidad, pertenencia a grupos vulnerables, técnicas de tortura utilizadas, exámenes médicos y psicológicos, y si fueron objeto de agresiones sexuales.

Además, contendrá información sobre las presuntas autoridades responsables: nombre, cargo, nivel de gobierno, si fueron suspendidas o desarmadas, y si están sujetas a medidas de protección.

La Fiscalía contará con 120 días hábiles a partir de la publicación del acuerdo para desarrollar la plataforma digital, lo que incluye servidores, conexiones internas, perfiles de usuarios, protocolos de seguridad, pruebas, validación y capacitación del personal.

El acceso estará restringido por perfiles de usuario, y tanto la Fiscalía como las autoridades auxiliares deberán suscribir convenios específicos que regulen el manejo de la información y establezcan anexos técnicos de operación.

El registro se sustenta en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, así como en la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Colima, que faculta al titular a emitir acuerdos, manuales, instructivos y lineamientos administrativos. También se apega al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.