Diputados en Puebla exigen respeto por “ley mordaza”

Defensores de derechos digitales y periodistas advierten que recientes cambios al Código Penal poblano abren la puerta a la criminalización del discurso en internet.

Puebla, México, Avanzada (16/06/2025).- Una serie de reformas al Código Penal del estado de Puebla, impulsadas por el gobernador Alejandro Armenta y publicadas recientemente en el Periódico Oficial del Estado, generó preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos de periodistas. La medida fue bautizada por activistas como una posible “ley mordaza digital” debido a su alcance y redacción ambigua.

Uno de los puntos más controversiales es la tipificación del delito de “ciberasedio”, que contempla prisión de 11 meses a tres años para quien “insulte, injurie, ofenda, agravie o veje” a otra persona a través de redes sociales, correo electrónico u otros medios digitales, siempre que se demuestre una insistencia que cause un daño físico o emocional.

Diversas organizaciones, entre ellas Artículo 19 y la Red de Periodistas de Puebla, consideran que esta redacción es imprecisa y abre la puerta a interpretaciones que podrían usarse para inhibir la libertad de expresión, especialmente en el ámbito digital. En su posicionamiento, las agrupaciones señalaron que el nuevo marco legal contradice el principio de legalidad penal al carecer de términos definidos y dejar margen a valoraciones subjetivas.

No es el único apartado que genera controversia. El nuevo Artículo 479, relativo a delitos informáticos, tipifica el espionaje digital de forma sumamente general, al considerar infractor a quien “se introduzca a un sistema informático sin autorización”, sin precisar los elementos técnicos o jurídicos necesarios para acreditar el delito. Algo similar ocurre con el Artículo 258 Ter, que aborda la usurpación de identidad y sanciona el uso indebido de datos personales mediante tecnologías de información, aunque sin establecer claramente los supuestos.

Ante las críticas, legisladores afines al oficialismo publicaron un comunicado en el que rechazaron las acusaciones de censura y se dijeron víctimas de ataques provenientes de cuentas falsas en redes sociales. “No vamos a permitir que desde el anonimato se difamen a los representantes populares con injurias e infundios”, señalaron.

El gobernador Armenta, por su parte, anunció que convocará a una serie de foros de consulta para revisar el contenido de la reforma, especialmente lo relativo al ciberacoso. El mandatario aseguró que el objetivo es construir una ley que salvaguarde los derechos humanos “con el mayor consenso posible”, y extendió la invitación a especialistas, periodistas, defensores de derechos humanos, abogados y familias.