En Sinaloa procesan a funcionarios por arrendar patrullas, en Colima no pasa nada

Mientras en Sinaloa avanza un juicio de desafuero contra funcionarios que arrendaron patrullas con presuntas irregularidades, en Colima un contrato similar permanece intocado y sin consecuencias legales, a pesar de posibles violaciones a la Ley de Disciplina Financiera vigente en el estado.

Colima, México, Avanzada (30/04/2025).- En octubre de 2021, el gobierno de Colima firmó por adjudicación directa un contrato con la empresa Lumo Financiera del Centro S.A. de C.V., vinculada a un exdiputado priista del Estado de México, para arrendar 152 patrullas por un monto total de 296 millones 982 mil 848 pesos. Aunque fue suscrito durante la administración de José Ignacio Peralta, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva lo respaldó públicamente al señalar que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) había avalado el proyecto.

Sin embargo, el contrato no fue aprobado por el Congreso del Estado de Colima, como lo exige el Artículo 36 de la Ley de Disciplina Financiera:

“La autorización para celebrar los contratos a que se refiere este capítulo deberá ser emitida por las legislaturas locales […] Los convenios deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación, así como en el medio de difusión oficial del Estado correspondiente.”

Tampoco se cumplió con el Artículo 13, que indica:

“El Ejecutivo local requerirá autorización del Congreso para contratar obligaciones cuando se afecten, como fuente o garantía de pago, ingresos derivados de financiamientos o participaciones federales.”

Y de acuerdo con el Artículo 8:

“No procederán pagos que no estén comprendidos en el Presupuesto de Egresos determinado por la ley, o con cargo a ingresos excedentes.”

A su vez, el Artículo 27 establece que:

“En todo caso, la contratación se deberá realizar con quien preste mejores condiciones de mercado […] siendo obligatorio hacer públicos todos los conceptos que representen un costo para el ente público.”

Nada de eso ocurrió en el caso del arrendamiento de patrullas: no hubo licitación pública, no se justificó la adjudicación directa y los detalles financieros no se hicieron públicos. La alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez, cuestionó la opacidad del contrato y rechazó las patrullas ofrecidas en comodato por el Gobierno estatal.

En contraste, en Sinaloa, el Congreso local ya inició el juicio de procedencia contra el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, y el diputado Genaro García, por un contrato de arrendamiento de patrullas con condiciones muy similares. En ese estado, las instituciones han actuado; en Colima, el silencio y la impunidad prevalecen.

La pregunta sigue en el aire: ¿por qué en Colima no pasa nada?