Colima gasta más en pagar intereses bancarios que en buscar personas desaparecidas y salud mental

Colima, México, Avanzada (20/04/2026).- En Colima, el gasto público refleja una realidad: el gobierno estatal destina 311 millones de pesos al pago de intereses de la deuda, una cifra que no solo supera, sino que en algunos casos multiplica los recursos asignados a áreas clave como la búsqueda de personas desaparecidas, la salud mental o la prevención de accidentes.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos, el monto destinado a cubrir compromisos financieros es cinco veces mayor que el presupuesto para atender emergencias ambientales y resulta desproporcionado frente a necesidades urgentes en una entidad con 1,462 personas desaparecidas.

La Comisión de Búsqueda apenas cuenta con 2 millones 200 mil pesos, una cifra mínima frente a la magnitud del problema. En el mismo sentido, el Consejo Estatal para la Prevención y Control de Accidentes opera con apenas 66 mil 827 pesos, mientras que el Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones dispone de solo 300 mil pesos.

Otros programas también evidencian rezagos: el Centro Estatal para la Atención y Prevención de la Violencia Familiar tiene asignados poco más de 5.5 millones de pesos, y la Procuraduría de la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes, 18 millones. Incluso iniciativas educativas, como la atención a estudiantes con discapacidad, reciben apenas 67 mil 50 pesos.

Aunque algunas dependencias cuentan con mayores recursos, como el Instituto Colimense del Deporte, con más de 80 millones, o el Instituto Colimense de las Mujeres, con 33 millones, ninguna alcanza el nivel de gasto destinado al pago de intereses, que incluso rebasa el presupuesto anual de la oficina de la gobernadora, fijado en 96 millones de pesos.

En cuanto a la atención de emergencias, el fondo para desastres naturales suma 39.6 millones de pesos y Protección Civil dispone de 28 millones, cifras que quedan cortas frente a los compromisos financieros del estado.

Por lo menos tres créditos bancarios adquiridos por gobiernos anteriores —uno de 638 millones de pesos, otro de 410 millones y uno más de 740 millones— fueron observados por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima y por el actual gobierno por posibles irregularidades.