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COLIMA

Las candidaturas para el Tribunal Superior de Justicia del Estado 

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ESTRICTO DERECHO

El 30 de marzo empezaron las campañas para las elecciones judiciales. En el Estado de Colima elegiremos un total de 69 cargos, 23 correspondientes al Poder Judicial de la Federación y 46 al Poder Judicial del Estado. Para ello, utilizaremos un total de 9 boletas, 6 para la elección de los cargos federales y 3 para losestatales.

De las 3 boletas estatales, una será para elegir titulares de los juzgados de primera instancia, otra para las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial y otra más para las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, que son las que analizaremos en esta ocasión. La boleta que corresponde al Tribunal Superior de Justicia será de color rosa; en ella votaremos para elegir 10 magistraturas: 5 espacios para mujeres y 5 para hombres.

Para estos 10 cargos tendremos que elegir de entre 25 candidaturas. Son 10 candidatas para 5 espacios de mujeres y 15 candidatos para 5 espacios de hombres. Revisemos quiénes son estas personas que se están postulando.

Empezamos con las 10 candidatas mujeres. Tenemos en primer término a dos magistradas en funciones: Ruth Bravo Ortiz, adscrita a la Sala Civil, Familiar y Mercantil, y Lilia Hernández Flores, adscrita a la Segunda Sala Penal. Ambas cuentan con experiencia, capacidad, trayectoria. Sin embargo, durante el tiempo que han sido magistradas, han perdido de vista que su cargo no se limita a impartir justicia, también es de carácter político, y ellas, como titulares de un poder del estado, prefieren someterse al oficialismo, ya que ambas le deben su nombramiento a Indira Vizcaíno, aunque Lilia Hernández fue nombrada por Nacho Peralta. Sin embargo, son perfiles rescatables que pueden tener un buen desempeño en caso de repetir en el cargo.

Enseguida, tenemos a tres juezas en funciones que se están postulando para el siguiente nivel del escalafón: la magistratura. Se trata de Dulce Alcántar Álvarez, jueza mercantil y civil en Villa de Álvarez; Rocío Guedea León, jueza penal en Colima; y Benita Ramírez Fernández, jueza familiar en Colima. Ellas, al igual que las magistradas, son juzgadoras de carrera, con experiencia y trayectoria. Dulce Alcántar y Rocío Guedea son juezas por oposición, que llegaron al cargo por haber ganado un concurso realizado para tal efecto; en tanto que Benita Ramírez es jueza de manera provisional pero su cercanía al oficialismo la deslegitima, al haber apoyado abiertamente a Viri Valencia en su fallida aspiración a la presidencia municipal de Colima y, peor aún, al ser del equipo de Carmen Virgen Quiles, una aspirante al Tribunal de Disciplina Judicial que ha sido severamentecuestionada.

Continuamos con dos candidatas que son proyectistas jurídicas (colaboradoras de una magistratura) adscritas a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, que son Bibiana Ortiz Villa y Dorian Rodríguez Cortés; ellas también cuentan con carrera judicial, experiencia en la impartición de justicia, y están capacitadas para el cargo, aun cuando no han sido titulares hasta ahora de un órgano jurisdiccional. Sin embargo, son buenas opciones.

Cerramos con tres funcionarias que están postulándose para la magistratura, pero que están claramente identificadas con el oficialismo: la primera es Aída Pamela Caldera Caldera, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública; la segunda es Araceli Carrillo Ascencio, titular de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes; y finalmente, Georgina Silva Martínez, subordinada de Aída Pamela, al ser la coordinadora jurídica de la dependencia que ésta encabeza. Ellas tres serían los caballos de Troya que envía la gobernadora a colonizar el Poder Judicial, aun cuando carecen de carrera judicial; su experiencia en la impartición de justicia es nula, y ni siquiera cuentan con la formación jurídica requerida para una magistratura, pues se han desempeñado en otras áreas de la profesión jurídica, como la administración pública, la procuración de justicia o la docencia. 

¿Por quién votar para magistrada del Tribunal Superior de Justicia? En mi caso, elegiría a las dos magistradas y a las tres juezas que están en funciones, aunque también consideraría a las proyectistas mencionadas. En cuanto a las tres empleadas de Indira Vizcaíno, definitivamente, ninguna es buen perfil para la magistratura.

Vamos ahora con los candidatos hombres, de los que elegiremos a 5 magistrados. Inicialmente, estaban considerados tres magistrados en funciones; ya quitaron de la lista a José Alfredo Jiménez Carrillo, quien aparecía como aspirante a una magistratura federal y, al mismo tiempo, a una estatal. Entonces, solo quedan dosmagistrados en funciones: Juan Carlos Montes y Montes, actual presidente del Tribunal Superior, y Roberto Rubio Torres, quien fue nombrado por Indira Vizcaíno apenas en noviembre pasado. Ninguno es rescatable. 

Montes y Montes ha tenido una gestión gris, mala en términos generales. El personal de base sindicalizado ha recibido un pésimo trato de su parte (este año ni siquiera les ha cubierto el incremento de sueldo respectivo), y ni se diga del personal de confianza, que está peor todavía en la cuestión salarial. Juan Carlos ha dejado de lado las necesidades del Poder Judicial, para ser edecán de Indira Vizcaíno; cuando no está inclinándose ante la gobernadora en algún evento, es porque salió de gira artística, a gastarse el dinero del tribunal en viajes por el país, a los que no va solo, ya que generalmente lleva acompañantes. Además, se sabe de antecedentes de que ha ejercido violencia doméstica e, incluso, hay litigios en los tribunales por este tema, de ahí que no debería repetir en el cargo.

Si Juan Carlos Montes no es bueno, Roberto Rubio es peor. Su logro más destacado es haber violentado físicamente a la magistrada Rocío López Llerenas Zamora para allanar su oficina en diciembre de 2013. Tuvo un desempeño errático en la Consejería Jurídica, de la que a veces era titular, y a veces no, a su conveniencia, para no estar impedido para ser magistrado, como finalmente sucedió. Sin embargo, el argumento de más peso en su contra es que busca convertir la impartición de justicia en un negocio privado, al servicio de intereses particulares, ni siquiera de la gobernadora; para ello, a quienes fueron sus colaboradores los ha postulado para otros cargos en el propio Tribunal Superior, en el Tribunal de Disciplina, o en el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, para así controlar esos órganos. La impartición de justicia está en riesgo de ser capturada por una camarilla de rapaces. 

Enseguida, tenemos a cuatro jueces que se están postulando para magistrados, tres de ellos están en funciones: Abelardo García Luna, juez penal; Christian Peña Castro, juez mercantil; y Conrado Sandoval Chacón, juez penal; además de Alejandro Rodríguez Ramírez, quien es juez, pero está comisionado como secretario particular del magistrado presidente. Los cuatro son mejores opciones que los dos magistrados que actualmente ejercen el cargo.

Hay dos proyectistas también: Diego Larios Méndez, adscrito con Roberto Rubio, quien lo está proyectando para lograr su objetivo de manejar a placer la impartición de justicia en nuestro estado. El otro es Sabino Hermilo Flores Arias (adscrito a la ponencia del magistrado Miguel García de la Mora), quien fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Los dos magistrados, los cuatro jueces y los dos proyectistas tienen trayectoria en el Poder Judicial, su capacidad y experiencia para el cargo no están a discusión, pero no todos pueden presumir de honestidad, de independencia o de imparcialidad.

Igual que con las mujeres, también hay un grupo de asalto del oficialismo conformado por varones, subordinados todos de Indira Vizcaíno. Uno es Gerardo David Amezcua Álvarez y otro es Francisco Barajas Palacios, ambos en la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo. También está el caso de Dolores García Sosa, encargado de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Ninguno cuenta con el perfil idóneo.

Cerramos con 4 aspirantes que podríamos definir como neutrales. El primero es José Francisco Osorio Ochoa, quien hizo toda su carrera en la actual Fiscalía General; posee una trayectoria destacada, conoce muy bien los temas de procuración de justicia. Sería un excelente Fiscal General del Estado, pero no es opción para la magistratura porque su formación es en otra rama de la profesión. Luego están José Miguel Alcaraz Fonseca, quien actualmente es director jurídico del Ayuntamiento de Coquimatlán, anteriormente abogado litigante; Ángel Durán Pérez, ex magistrado del Tribunal Electoral local, tanto numerario como supernumerario, por más de 19 años; y Sergio Flores Tadillo, quien fue actuario, secretario de juzgado y secretario de tribunal en el Poder Judicial de la Federación.

¿Por quién votar para magistrado del Tribunal Superior de Justicia? Mis votos los repartiría entre los jueces que actualmente están en funciones y el exmagistrado Ángel Durán o el exsecretario Flores Tadillo; por su conocimiento y experiencia, son las mejores opciones para estos cargos. Pongamos atención al desarrollo de las campañas; todavía queda mucha información por circular de aquí al día de la votación. Por el momento, es cuanto.

OTROSÍ 1. Una noticia lamentable para nuestro Estado. El pasado 26 de marzo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió en definitiva el litigio relativo a la revocación de mandato de la gobernadora. En votación dividida, 3 a 2, la mayoría oficialista que desde hace meses ha hecho estragos nuestra democracia volvió a plegarse a las directrices del gobierno y validó que la ciudadanía colimense no pueda evaluar el pésimo desempeño de Indira Vizcaíno. Ni modo, nos tocará padecerla el resto del sexenio. Todo fue mentira, no es cierto que el pueblo pone y el pueblo quita. 

OTROSÍ 2. Tanto que repiten los propagandistas a sueldo que llegaron todas, y algunas de las que llegaron ya están viviendo en carne propia la represión gubernamental. Para muestra, el caso de Hortensia Reyes Zamora, quien era directora del Poliforum Cultural Mexiac, pero cometió el “error” de evidenciar las carencias que imperan en la Subsecretaría de Cultura. En respuesta, el subsecretario Zizumbo la removió de su cargo, cambiándola a la Fábrica de Innovación Creativa ubicada en El Tívoli. Así le paga el oficialismo a sus militantes que se atreven a señalar alguna de las múltiples irregularidades del gobierno estatal.

OTROSÍ 3. Está por suceder la evaluación mensual de Claudia Sheinbaum. Otra vez Donald Trump la someterá a examen, para que le rinda cuentas. Si no resulta aprobada, se vienen más aranceles para México. A ver en qué termina esta pesadilla que, cada inicio de mes, aterroriza a nuestra presidenta.

OTROSÍ 4. Después de un merecidísimo mes de vacaciones, ya que estuvieron de receso todo marzo, ayer 1 de abril, quienes conforman el Congreso del Estado retomaron sus actividades legislativas. Nos harán el favor a la ciudadanía colimense de volver a trabajar, aunque hacen menos daño cuando no sesionan.

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