Blindaje legal contra el lavado de dinero: preparan reformas para frenar liberación de cuentas

Ciudad de México, Avanzada (01/04/2025).- El Gobierno de México alista modificaciones al marco legal para evitar que jueces y ministros del Poder Judicial liberen cuentas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sin un juicio de fondo, en casos relacionados con corrupción, delincuencia organizada y lavado de dinero.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que las reformas buscarán impedir que las suspensiones judiciales sean utilizadas como vía rápida para devolver recursos a personas investigadas.

“Cuando hay evidencia de mala utilización de recursos, la UIF congela las cuentas. Pero estas personas se amparan y, sin que haya un juicio de fondo, los jueces les liberan los recursos (…) Esto no tiene otro nombre: se llama corrupción”, declaró la mandataria en su conferencia matutina.

Sheinbaum subrayó que estos cambios se sumarán a la reforma del Poder Judicial, con el objetivo de garantizar “cero impunidad” en delitos financieros y federales.

Cambios a la Ley de Amparo y Código Penal

El titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, detalló que el Senado ya discute modificaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI) y al Código Penal, para que el Gobierno pueda actuar como parte ofendida en casos de lavado de dinero.

También se analiza reformar la Ley de Amparo, pues este mecanismo se ha convertido en “un instrumento para desmantelar la Lista de Personas Bloqueadas”, explicó Gómez Álvarez.

Desde 2018, se han congelado cuentas por más de 32,500 millones de pesos, pero el Poder Judicial ha desbloqueado 23,575 millones a través de resoluciones judiciales.

Caso Gómez Mont: UIF señala fallos judiciales

El debate sobre el sistema financiero se intensificó tras la reciente resolución del Poder Judicial que eliminó de la Lista de Personas Bloqueadas a Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga, acusados de desviar recursos públicos.

Aunque ambos enfrentan órdenes de aprehensión, la decisión judicial les permite operar libremente en el sistema financiero. “Esperamos que sean extraditados para que enfrenten la justicia en México”, enfatizó Gómez Álvarez.

Con estas reformas, el Gobierno busca cerrar los vacíos legales que han permitido que personas investigadas por delitos financieros recuperen el control de sus recursos, debilitando la lucha contra el lavado de dinero en el país.