Teuchitlán: Contradicciones de García Harfuch

EDITORIAL

A tono con el discurso gubernamental, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró la mañana de este lunes que desde esa dependencia, así como las áreas de investigación e inteligencia del gabinete de seguridad, “no hay un indicio que (el rancho Izaguirre) haya sido un campo de exterminio, como lo mencionaron, sino un centro de adiestramiento”.

Sin embargo, en lo que suena a contradicción, el funcionario federal señaló que de acuerdo con su declaración, uno de los detenidos implicados con el inmueble ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, José Gregorio “El Lastra”, confesó que en ese lugar adiestraba jóvenes y asesinó al menos a ocho personas que intentaron huir o se resistían a recibir el adiestramiento, en tanto que otras eran golpeadas o sometidas a tortura.

Durante su participación en la rueda de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, García Harfuch refirió que los reclutas al llegar al lugar “dejaban sus pertenencias y eran uniformados con ropa y botas tácticas, y les retiraban sus celulares. El entrenamiento tenía aproximadamente un mes de duración, tiempo en el que permanecían incomunicados”.

Según secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, el sistema de reclutamiento para el rancho Izaguirre se realizaba a través de las redes sociales mediante falsas oportunidades laborales, como guardias de seguridad con sueldos de entre 4 mil y 12 mil pesos semanales. Los interesados eran citados con engaños en distintas centrales de autobuses, desde donde eran trasladados al rancho Izaguirre, lugar en el que se les obligaba a aprender a manejar armas de fuego y acondicionamiento físico.

De lo que no dio una explicación convincente Omar García fue de lo ocurrido con los hornos crematorios artesanales que denunciaron inicialmente los colectivos de familiares de personas desaparecidas, ni de las razones por las que fue alterada la escena de los crímenes antes de dar acceso a las familias buscadoras y a la prensa.

Desde dentro del rancho, las buscadoras testificaron sobre los sitios en los que se encontraban los hornos que hallaron en su primera incursión, descritos como “hoyos donde se cocina la barbacoa”, pero el terreno ya había sido rellenado y habían sido removidas muchas de las evidencias que delataban la existencia de un campo de exterminio en ese lugar.

Seguramente, aunque el gobierno pretenda cerrar lo más pronto posible y dar por resuelto el caso Teuchitlán, construyendo la “verdad histórica” de que solo era un centro de adiestramiento del narco, el tema seguirá presente durante muchos años, con los requerimientos de nuevas investigaciones, tal como ha ocurrido con el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Una de las cuestiones fundamentales que deberán investigarse es de dónde provino la orden de alterar la escena del rancho, quiénes se encuentran implicados en esa decisión y cuáles fueron las razones por las que lo hicieron.

Y así como el caso Teuchitlán debería investigarse a fondo, sin pretensiones de ocultar la realidad, también tendría que esclarecerse lo que ha ocurrido en otros campos de exterminio localizados en diversas regiones del país, como en el caso del estado de Colima las fosas de Santa Rosa, donde fueron encontrados 73 cuerpos; las de Cerro de Ortega, donde se localizaron los restos de más de 90 personas, y las de Agua de la Virgen, cuyos hallazgos continúan en el misterio, pero que según versiones extraoficiales eran alrededor de 180 cuerpos.