Hidalgo, México, Avanzada (06/02/2025).- Pidió ayuda cuando todavía era tiempo. Explicó su miedo. Describió el peligro con detalle. Pero el sistema que debía protegerla le dio la espalda. La jueza Janett Mendoza Montiel suspendió el proceso contra su agresor, un expolicía municipal de Mineral de la Reforma, con la única condición de que él no se acercara. A Rosaura no le bastó. Sabía lo que vendría.
Cuando la mañana del 5 de febrero la policía llegó a una casa en Azoyatla, Hidalgo, encontró una escena brutal. Rosaura, de 25 años, yacía sin vida junto a su madre, su padre y su hermano. Dos personas más estaban heridas de gravedad; una de ellas murió en el hospital.
El presunto asesino: Marco Antonio M.G., el expolicía que Rosaura había denunciado por violencia familiar y privación ilegal de la libertad. El hombre al que un juez dejó en libertad pese a las súplicas de la víctima.
Los sobrevivientes dijeron que el atacante llegó vestido con su uniforme de policía, aunque oficialmente había renunciado a la corporación desde noviembre pasado. Su rostro era el mismo que Rosaura había aprendido a temer.
La historia de Rosaura y Marco Antonio fue breve, pero marcada por el miedo. Desde el inicio, él mostró conductas violentas y controladoras. Cuando ella intentó separarse, las amenazas se intensificaron.
El 13 de octubre de 2024, Marco Antonio fue detenido por secuestrarla y torturarla. Ingresó al Cereso de Pachuca, pero el 15 de noviembre ya estaba libre. La jueza Mendoza Montiel permitió su liberación con la única condición de que se alejara de ella.
Rosaura se opuso. Explicó que él la seguía, que la vigilaba, que la acechaba en una patrulla oficial. Denunció una nueva agresión. Un nuevo proceso se abrió en su contra, pero la audiencia fue aplazada a petición de la defensa. Marco Antonio seguía libre.
A las 7:30 de la mañana del 5 de febrero, el horror se cumplió. Con un arma punzocortante, Marco Antonio irrumpió en la casa de Rosaura y asesinó a cuatro personas. Solo un niño de 8 años, testigo de la masacre, quedó con vida. Su familia teme por el trauma irreversible que ahora lleva consigo.
Horas después, el expolicía fue capturado en la carretera Pachuca-Ciudad Sahagún. Había intentado quitarse la vida y estaba gravemente herido, pero estable.
La comunidad de Hidalgo estallo en indignación. Familiares de Rosaura exigen que el caso no quede impune y que se castigue no solo al agresor, sino también a las autoridades que ignoraron las advertencias.
“No solo destruyó nuestra familia, dejó un daño psicológico irreparable”, dijeron entre lágrimas.
El feminicidio de Rosaura no es un caso aislado. Es la octava mujer asesinada en Hidalgo en lo que va del año. Es la consecuencia de un sistema que desoye, que minimiza, que libera agresores con la firma de un juez.
Rosaura pidió ayuda. El Estado no la protegió. Ahora es demasiado tarde.