El desmantelamiento del Poder Judicial del Estado

ESTRICTO DERECHO

La justicia más necesaria, a la que más frecuentemente acude la población, está a punto de ser desmantelada por el oficialismo. De los tres poderes que tenemos, en el Ejecutivo ya padecemos a un gobierno inútil e incompetente; el Legislativo, lo integran diputados ineptos y serviles que no cumplen su función; y el único poder que prestaba con esfuerzos y, sobre todo, con carencias, el Judicial, al que nunca se ha dotado del presupuesto requerido, el único que da un servicio digno a la sociedad, está a punto de ser destruido.

El 02 de enero, la diputada Andrea Naranjo y otros diecisiete legisladores oficialistas presentaron una iniciativa de reforma a la Constitución local, que pretendereplicar en el Poder Judicial del Estado lo que han hecho con el Poder Judicial de la Federación. Es falso que busquen democratizar la judicatura local; tampoco se trata de acercar los juzgados y los tribunales al pueblo; lo que realmente se pretende es controlar, someter y mantener sobajado al único poder que faltaba por colonizar.

¿Cómo quieren lograrlo? Primero, cesando a todos los magistrados y jueces del Poder Judicial del Estado, para sustituirlos por quienes ganen las elecciones judiciales del 1º de junio de 2025. Ni siquiera tuvieron la prudencia, como en la Federación, de sustituir unos este año y el resto en 2027. Es irracional quitar a todos, cuando ni siquiera tienen perfiles que garanticen la capacidad y la experiencia requeridas en dichos espacios. Es como despedir a todos los médicos especialistas de los hospitales públicos, sustituyéndolos por quienes ganen una elección a la que llegaron debido a una tómbola. Abundan los ejemplos de candidatos que ganan elecciones sin la mínima preparación requerida, pero aquí estamos hablando de aspirantes que después decidirán sobre la vida, la libertad, el patrimonio, los derechos de todos nosotros.

Tendremos más ineptitud, más improvisación, pero ahora en un área tan relevante como la administración de justicia. Basta leer la iniciativa para advertirlo: un concierto de incoherencias, que ni siquiera elaboraron ellos, se la fusilaron de otra entidad federativa, le hicieron unos ajustes, y así la presentaron, sin contemplar siquiera partidas presupuestales para realizar la elección, para pagar las eventuales liquidaciones o pensiones de jueces y magistrados que serán cesados, o para el funcionamiento del Tribunal de Disciplina o del Órgano de Administración. 

¿Qué modificaciones proponen? De entrada, un cambio de nombre: el Supremo Tribunal de Justicia ahora será elTribunal Superior de Justicia. Reiteran algunas cuestiones que ya estaban en la Constitución: el tema de la remuneración, que nadie gane más que la presidenta de la República; o que en los nombramientos que se realicen haya paridad de género. 

El Poder Judicial del Estado ahora lo dirigirían tres personas: quien presida el Tribunal Superior de Justicia, y quienes encabecen dos nuevos órganos: el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial. Los nuevos titulares de los juzgados y las magistraturas durarán en su encargo nueve años, y podrán ser reelectos. Sin embargo, el régimen transitorio dispone que, para esta ocasión, solo durarán ocho años; al cumplirse, irán nuevamente a elecciones. 

¿Cuál será el procedimiento para elegir juzgadores? Será muy similar al del ámbito federal. Cada poder del Estado postulará candidaturas de entre aquellas personas interesadas que cumplan los requisitos que establece la normatividad. Veremos, como en el ámbito nacional, los ensayos de tres cuartillas, el promedio mayor a 8, las cartas de referencias de los vecinos, etc. Cada poder integrará un comité de evaluación, conformado por cincopersonas, y cada comité evaluará los expedientes de los aspirantes, para elegir un listado de las diez personas que resulten mejor calificadas, tratándose de cada magistratura; y de seis personas, tratándose de cada juzgado. Luego, con ese listado de 10 personas por magistratura, y de 6 personas por juzgado, se hará una depuración mediante una tómbola, para que queden, por cada candidatura y por cada poder hasta tres aspirantestratándose de magistraturas y, tratándose de juzgados, dos aspirantes. A esos aspirantes habrá que sumarles aquellas personas que actualmente se desempeñan como juez o magistrado, quienes tendrán pase automático para la elección, salvo que declinen o se postulen para otro cargo.

Les darán acceso a radio y televisión, aunque será prácticamente imposible conocer el rostro, el nombre, la trayectoria, las capacidades de los distintos aspirantes,por el elevado número de candidaturas, al ser coincidente con las elecciones judiciales federales. Podrán hacersedebates; tendrán prohibido el financiamiento público privado; no podrán contratar espacios en radio y televisión, ni en otros medios de comunicación para promocionarse; partidos políticos y servidores públicas no podrán realizar actos de proselitismo ni posicionarse a favor o en contra (dudo mucho que Morena respete esta prohibición). Las campañas durarán sesenta días.

Al mismo tiempo, se elegirán cinco integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, que será la nueva Santa Inquisición, ya que podrá ordenar oficiosamente el inicio de investigaciones, para abrir procedimientos administrativos o penales; recolectar indicios y medios de prueba, requerir información y documentación, realizar inspecciones, llamar a comparecer y apercibir a personas que aporten pruebas, dictar medidas cautelares y de apremio y, primordialmente, podrá sancionar a cualquier juzgador local, incluso con destitución e inhabilitación.

En cuanto al órgano de administración judicial, manejará los recursos del Poder Judicial (también será competente respecto a carrera judicial, pero ésta ya no existirá en la práctica). Habrá también una escuela estatal de formación judicial, que tendrá que capacitar no sólo al Poder Judicial sino a la fiscalía, defensoría pública, la Comisión de Derechos Humanos, elementos de Seguridad Pública, a todos, aunque no se indica con qué dinero. 

Respecto a los juzgados, en esta iniciativa olvidaron a los juzgados de paz o cuantía menor, como que no venían en el machote y nadie los incluyó. También se fija el retiro forzoso de los juzgadores locales a los 70 años, para que le desocupen lugares rápidamente a la gobernadora. 

Estos son los aspectos principales de la iniciativa. Veremos en qué termina este experimento, si llega a concretarse, porque eventualmente tendría que haber alguien sensato en Morena que parara este despropósito, que corrigiera todas barbaridades que están proponiendo, ya que no serán precisamente en beneficio de la sociedad colimense; o los propios afectados, mediante las impugnaciones respectivas. Estamos hablando de gente muy valiosa que conforma la judicatura local, la gran mayoría son perfiles muy rescatables que necesariamente deberían conservarse, que han sabido sacar el trabajo a pesar de los retos que enfrentan y del escenario presupuestal tan complejo en el que se desempeñan, dando buenos resultados y, desafortunadamente, a ellos es a quienes estarán echando a la calle.

Sin embargo, hasta ahora, lo más grave es que el Pleno del Supremo Tribunal no ha dicho nada, no hay algún pronunciamiento público; el magistrado presidente está totalmente vendido con la gobernadora. Ningún magistrado alza la voz, ni siquiera en defensa propia o de la sociedad, que será la más afectada con el arribo masivo de juzgadores novatos, que llegarán a aprender, porque no dejarán llegar a cuadros de excelencia; palomearán perfiles cuya docilidad esté garantizada y, si acaso alguno se colara, ahí estarán el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial para cuadrarlos a la voluntad del oficialismo. 

Ante este atropello, solo resta preguntar: ¿dónde están los partidos de oposición? ¿por qué no dan la cara por sus votantes? Finalmente, habría que preguntarle a las barras y colegios de la abogacía colimense, ¿por qué permanecen en silencio ante esta reforma tan trascendental, que les perjudicará gravemente? Es cuanto.

OTROSÍ 1. Recordemos que nuestra Constitución local, en su artículo 129, señala que, si los ayuntamientos no aprueban la reforma, el proyecto se desechará. Sin embargo, también dice que, si transcurren 30 días y el ayuntamiento respectivo no dice nada, se entenderá aprobada la reforma. Entonces, bastaría que uno de los diez ayuntamientos del Estado votara en contra de esta propuesta de reforma constitucional para que no se concrete. Desde ahora, le solicito respetuosamente a Riult Rivera y al resto de integrantes del cabildo capitalino que, en defensa de quienes creemos en la posibilidad de un Colima y un México distintos, se pronuncien y voten en contra de esta modificación que pretende desmantelar la justicia local. Si prefieren doblegarse a las órdenes de Indira Vizcaíno, desde ahora avisamos que se los tendremos muy en cuenta. 

OTROSÍ 2. Es inminente que Donald Trump asuma nuevamente como presidente de Estados Unidos. En Canadá ha provocado ya la renuncia del primer ministro Justin Trudeau. Falta comprobar, aunque hemos tenido pinceladas, cómo impactará su llegada en nuestro país. Veremos si Claudia Sheinbaum tendrá la autoridad moral requerida para resistir sus embates, con el apoyo de la sociedad mexicana.

OTROSÍ 3. Esta semana vence el plazo para ampararse contra la reforma que hizo el Congreso estatal a la ley burocrática para gravar el aguinaldo de los trabajadores del Estado y los diez municipios. No dejen pasar este atropello del oficialismo: si no lo impugnan ahora, difícilmente lo podrán combatir después.