El acta de defunción del Tribunal de Justicia Administrativa

ESTRICTO DERECHO

La mayoría oficialista en el Congreso del Estado aprobó una reforma a la Constitución local que busca certificar la defunción de este tribunal. ¿En qué consiste dicha reforma? Básicamente, pretenden incrementar de tres a cinco las magistraturas que integran el Tribunal de Justicia Administrativa, con la intención de lograr el control y el sometimiento absoluto de este órgano jurisdiccional a las órdenes de la gobernadora.

Tenemos muchos problemas en el estado, hay cuestiones de mayor urgencia, sin embargo, a la gobernadora lo que le importa es apoderarse del Tribunal de Justicia Administrativa. Recordemos que ya hubo un intento en este sentido en mayo de este año, que incluyó la compra de voluntades de algunos legisladores de oposición, pero no se pudo concretar porque cinco ayuntamientos no estuvieron de acuerdo con esta reforma, por lo que ahora vuelven a la carga.

Esta vez, el pasado jueves 05 de diciembre, por diecisiete votos a favor y cuatro en contra, el Congreso aprobó que, en lugar de las tres magistraturas actuales, ahora sean cinco, para así nombrar la gobernadora otras dos, sumadas a Guillermo Navarrete Zamora, a quien nombró con anterioridad, para tener tres de cinco magistraturas y asegurar el control de las decisiones del tribunal.

La reforma también precisa los requisitos que deberán cumplirse para que una persona pueda ocupar una magistratura del Tribunal de Justicia Administrativa. Hasta la fecha, el artículo 77 de la Constitución local señala que las magistraturas del tribunal administrativo deben cumplir con los requisitos previstos para ser Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, y con la reforma suprimenesta disposición, al señalar en la Constitución estatal los requisitos específicos para la magistratura administrativa, pero ya no incluyen lo dispuesto por el artículo 116 de la Constitución federal que, en su fracción tercera, prescribe que no podrán ser magistrados de los poderes judiciales locales aquellas personas que hayan ocupado el cargo de titular de alguna secretaría del gobierno estatal o su equivalente fiscal o diputada o diputado local, en sus respectivos estados durante el año previo a la designación.

Este requisito es importantísimo, porque su finalidad es asegurar que aquellas personas que lleguen a una magistratura cuenten con independencia y autonomía, que no formen parte del círculo cercano del gobernante en turno, ni exista subordinación, para que no le hagan el trabajo sucio en los tribunales. Buscan suprimir este requisito porque les impide tener magistrados a modo, dóciles, obedientes, que atiendan las órdenes del gobierno.

Otra modificación que parece inofensiva, pero no lo es, es la que precisa que el tribunal va a estar facultado para ejercer solamente control de legalidad, ya no de constitucionalidad, respecto de actos y resoluciones administrativos. ¿Qué quieren hacer con el tribunal? Lo están desnaturalizando, lo quieren convertir en un apéndice del gobierno estatal, subordinado al poder que debía controlar. Igualmente, al establecer ahora que el tribunal solamente conocerá de impugnaciones en contra de actuaciones que constituyan la decisión final o voluntad definitiva de la autoridad administrativa, van a obligar a los particulares que quieran impugnar a que agoten forzosamente los recursos inútiles que se les ocurra incluir en las leyes administrativas, para hacerle prácticamente imposible a la ciudadanía el poder defenderse de las arbitrariedades gubernamentales.

También está el artículo transitorio quinto de esta reforma, que dice que cuando quede aprobada esta reforma constitucional, se realizarán las adecuaciones presupuestarias correspondientes. Hasta ahora, en el tema del dinero se han manejado cifras preliminares de que esta modificación va a impactar presupuestalmente en más de once millones de pesos. Eso costará cumplirle este capricho a la gobernadora. Es ofensivo, una burla para la ciudadanía, hacer este despilfarro de dinero solo para que la gobernadora sienta que tiene cubierta la espalda en estos temas. Porque no, no lo hacen por mejorar la impartición de justicia. Si de verdad lespreocupara la justicia, ese dinero podrían destinarlo a otro tribunal que lo requiere bastante, como es el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, el cual tienen asfixiado presupuestalmente, porque también resuelve asuntos en contra del gobierno. Igualmente, los juzgados familiares y penales están saturados de trabajo; esos recursos le vendrían muy bien al Poder Judicial para que abriera más juzgados en estas materias que pudieran atender esta grave problemática en nuestra entidad.

Asimismo, es preciso aclarar que esta reforma, aunque ya fue aprobada por el Congreso, por ser una reforma constitucional aún no entra en vigor. De acuerdo con el procedimiento que prevé el 129 de la Constitución local, este proyecto tiene que remitirse a los ayuntamientos para que lo aprueben o reprueben dentro de los treinta días siguientes. El último párrafo de este artículo 129 dice que, si no se obtiene la aprobación de los ayuntamientos, se entenderá desechado el proyecto respectivo. Equivocadamente se ha entendido que basta que aprueben la mayoría de los diez ayuntamientos para que sea válida una reforma a la constitución local, sin embargo, al regular su procedimiento de reforma, la Constitución dice que se requiere la aprobación de los ayuntamientos, no de la mayoría de éstos, y los ayuntamientos son diez, por lo que cabría tener muy presente esta disposición y, si esta reforma no la aprueban los diez ayuntamientos, entonces no podría considerarse válida. 

Finalmente, ¿por qué decimos que este capricho de la gobernadora terminará siendo el acta de defunción del tribunal administrativo? Porque la razón de ser de este tribunal es darle una vía a la ciudadanía para defenderse de los abusos del gobierno. Si se concreta esta reforma, ya no lo será. Van a convertir al tribunal en un elefante blanco que vivirá de rodillas ante el poder. ¿Para qué va a gastar la gente en promover un juicio contra el gobierno, cuando de antemano sabe cuál será el resultado? Ya ni siquiera podremos llamarles magistrados a quienes integren el tribunal, si no verdugos, porque solo se encargarán de ejecutar las instrucciones que les lleguen desde el gobierno. 

Entonces, si la población no va a confiar en este tribunal a modo que tendrá la gobernadora, pues no se va a inconformar. Y si no hay inconformidades de la ciudadanía contra el gobierno, ¿cuál sería la razón que nos motive a seguir costeando un tribunal que nadie utilizará? Será totalmente ocioso acudir a un tribunal que siempre estará dándole la razón a la autoridad. Qué lamentable que no se den cuenta, y quieran replicar lo que acaban de hacer con la Comisión de Derechos Humanos, otra instancia que igual debería estar para defender a los particulares y, sin embargo, la convierten en una oficina que se encarga de proteger al gobierno de los reclamos de la ciudadanía. ¡El mundo al revés! ¿Hasta dónde llegará la ceguera del oficialismo? No entienden que no van a estar en el gobierno para siempre, que cuando la rueda gire y llegue su momento, los mismos que ahora están encumbrando son los que les dictarán las sentencias que satisfagan a quienes en ese momento lleguen a tener el poder. Es cuanto.

OTROSÍ 1. Por fin dio señales de vida el Instituto Electoral respecto a la revocación de mandato. El pasado 06 de diciembre, al cumplirse un mes de haber presentado mi solicitud, promoví un juicio ante el Tribunal Electoral, el cual hice público este lunes, lo que motivó que se apresuraran a notificarme una respuesta que, supuestamente, habían emitido desde el día 04 de este mes, La decisión del IEE, como esperábamos fue negativa; obviamente, la vamos a impugnar también ante el Tribunal Electoral, que nadie dude llegaremos hasta las últimas instancias. Mientras tanto, la ministra Lenia Batressigue guardando en un cajón la acción de inconstitucionalidad promovida por la oposición en contra de esta absurda limitación que pretende impedirnos que le revoquemos el mandato a la actual gobernadora. 

OTROSÍ 2. Se informa a la ciudadanía que, aun cuando recién concluyó la función de circo que montó el Congreso del Estado para elegir al titular de la Comisión de Derechos Humanos, ya están anunciando el próximo espectáculo del Legislativo: la elección del próximo titular del OSAFIG. Exhorto a quienes han considerado atender esta convocatoria para que no se presten a esta nueva farsa; de antemano se sabe quién van a ser designado en dicha posición y lo único que buscan es darle algo de legitimidad a quien llegará a este lugar solo para encargarse de estar cubriendo las irregularidades de la gobernadora.

OTROSÍ 3. Este mes tendrá lugar el informe de labores del Fiscal General, quien ya pidió al Congreso que le den fecha para dicho acto. Las preguntas del millón que todos nos hacemos: ¿ahora sí rendirá su informe en sesión pública? ¿Por qué razón le permiten rendir su informe en privado? ¿Lo seguirán protegiendo de los más que merecidos cuestionamientos que muchas personas en Colima quisieran hacerle por la ineptitud que siempre ha demostrado?

OTROSÍ 4. Aunque la reforma judicial avanza a marchas forzadas con la elección de juzgadores federales, en loestatal nadie hace por concretar las modificaciones requeridas para la renovación de la judicatura local. El Congreso acaba de nombrar magistraturas del Supremo Tribunal por 06 años, contraviniendo lo que dice ahora la Constitución federal, en lugar de atender el transitorio de la reforma judicial que le dio un plazo de 180 días naturales para adecuar la Constitución local. ¿Qué habrá pactado la gobernadora con el magistrado Juan Carlos Montes para que este tema no se mueva?