Chiapas, México, Avanzada (09/12/2024).- Con el lema “La paz volverá a Chiapas”, Eduardo Ramírez Aguilar inició su mandato como gobernador el domingo 8 de diciembre, acompañado de un despliegue policial y nuevas estrategias de seguridad. Durante su toma de protesta, el mandatario presentó al grupo de élite Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, que contará con 10 vehículos blindados y 200 unidades policiales.
El nuevo gobernador militante del partido político Morena, aseguró que su gobierno combatirá los delitos del fuero común, como extorsiones y asaltos carreteros, y prometió resultados en los primeros 100 días de su administración. “Todos los delitos del fuero común, vamos con todo, con valor. Aquí no hay derecho al miedo, la ley se va a aplicar”, afirmó en su discurso.
Entre las primeras medidas anunciadas, se encuentra el fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, encabezada por Oscar Alberto Aparicio Avendaño, quien previamente se desempeñó como subsecretario de Operación Policial en Zacatecas. Esta dependencia tendrá facultades para investigar delitos, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de Chiapas, liderada por Jorge Luis Llaven Abarca.
Sin embargo, el nombramiento de Llaven Abarca, quien asumió el cargo el pasado 28 de noviembre, es objeto de críticas por parte de más de varias organizaciones de la sociedad civil, incluidas el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y Melel Xojobal. Estas organizaciones señalaron su historial de presuntas violaciones a derechos humanos durante su gestión como secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en el gobierno de Manuel Velasco Coello. Entre las denuncias destacan el uso excesivo de la fuerza, represión a defensores de derechos humanos, detenciones arbitrarias y casos de tortura.
Antes de la ceremonia de toma de protesta, Llaven Abarca y Aparicio Avendaño encabezaron el acto de presentación de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal. Aparicio Avendaño indicó que este grupo trabajará en estrecha coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la Fiscalía General de la República.
Con un plazo de seis meses para pacificar Chiapas, Eduardo Ramírez enfrenta el reto de cumplir con su compromiso de devolver la tranquilidad al estado en medio de cuestionamientos sobre los derechos humanos y la efectividad de las estrategias implementadas.