Diputados avalan una carga más para los contribuyentes: “impuestos ecológicos”

Editorial

En una de sus últimas decisiones del año, el Congreso del Estado de Colima aprobó, con 23 votos a favor, una reforma a la Ley de Hacienda estatal para instaurar los llamados “impuestos ecológicos”. Aunque el objetivo declarado es combatir la contaminación y fomentar tecnologías limpias, la medida levanta cuestionamientos sobre su viabilidad, impacto real y posibles fines meramente recaudatorios.

La reforma establece que empresas, personas físicas, instituciones gubernamentales y organismos descentralizados que emitan gases de efecto invernadero deberán pagar una tasa equivalente a cinco veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) por cada tonelada de CO2e emitida. Aunque la justificación técnica incluye referencias al RETC y RENE de la SEMARNAT, así como a organismos verificadores acreditados, surgen dudas sobre cómo se garantizará la transparencia y precisión en estas mediciones.

La implementación de este impuesto plantea también retos para las pequeñas y medianas empresas, que podrían enfrentarse a costos adicionales significativos. En un contexto económico ya complicado, ¿cómo podrán ajustarse a estas nuevas obligaciones sin comprometer su viabilidad?

Aunque el diputado Jaime Enrique Sotelo García, del Partido Verde, defendió la medida argumentando la necesidad de reducir la contaminación, es inevitable preguntarse si el verdadero fin es ambiental o simplemente recaudatorio. El hecho de que los ingresos se destinen al Fideicomiso Ambiental del Estado de Colima no garantiza que se traduzcan en políticas concretas y eficaces para mitigar el cambio climático.

Experiencias similares en otras entidades federativas muestran que estos impuestos no siempre cumplen con su objetivo ambiental. Sin una fiscalización adecuada y la implementación de acciones claras, el riesgo es que la medida se convierta en una carga más para los contribuyentes, sin generar beneficios tangibles para el medio ambiente.

La reforma también deja preguntas sin responder sobre cómo se controlará el uso de los recursos obtenidos. Si bien se prevé que el impuesto entre en vigor el 1 de enero de 2025 y se pague anualmente, falta claridad sobre las acciones específicas que se financiarán y cómo se medirá su impacto. Además, las empresas podrían optar por trasladar estos costos al consumidor final, lo que incrementaría el costo de vida en el estado.

Si Colima realmente busca posicionarse como un estado comprometido con el medio ambiente, sería necesario acompañar esta medida de un programa integral que fomente la transición hacia energías limpias y tecnologías sostenibles. Sin un plan claro, los “impuestos ecológicos” podrían quedarse en el papel, más como una estrategia fiscal que como una solución ambiental.

La pregunta queda en el aire: ¿estamos frente a un verdadero compromiso ambiental o ante un simple maquillaje fiscal disfrazado de ecologismo?