Fiscales bajo escrutinio

El presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó la mañana de este lunes en contra del fiscal general del estado de Veracruz, Jorge Winckler, cuyo nombramiento calificó como un error heredado de la administración del panista Miguel Ángel Yunes.

Ese señalamiento, realizado por un presidente de la república, constituye una situación de extrema gravedad, pues para decirlo se supondría que lo menos que tiene el mandatario es información privilegiada sobre razones por las que el funcionario no debería ocupar ese puesto.

Las palabras del presidente durante su conferencia de prensa mañanera, realizada precisamente en Veracruz, fueron las siguientes:

“Fue un error que el gobernador pasado dejara un fiscal; antes se protegían unos a otros. Debe quedar muy claro que no somos tapaderas de nadie. Si hay una denuncia en contra de quien sea, se le va a dar curso porque no vamos a proteger a nadie; vamos a limpiar la corrupción de Veracruz”.

Y ante el enfrentamiento que últimamente ha existido entre el gobernador veracruzano, el morenista Cuitláhuac García García, y el fiscal general del estado, López Obrador dio un espaldarazo al mandatario estatal:

“Tenemos toda la confianza al gobernador de Veracruz, tiene todo el apoyo del gobierno federal, le tenemos confianza porque es una gente honesta; por eso todo nuestro apoyo a Cuitláhuac García que está siendo sometido a fuertes presiones porque la mala entraña política de Veracruz quiere seguir medrando, imponiéndose, sólo que no lo van a lograr. (El gobernador) tiene todo el apoyo del gobierno federal, para que le vayan midiendo, no olviden que somos muy perseverantes, somos necios y se va acabar la corrupción en Veracruz”.

Mientras el conflicto ha persistido, el fiscal ha logrado mantenerse en el puesto gracias que en el Congreso veracruzano no se han logrado reunir los votos suficientes para la instauración de un juicio político en su contra, a pesar de que Morena tiene mayoría.

Si bien es cierto que para la labor de procuración de justicia es muy valioso que el órgano encargado goce de autonomía y no dependa de ninguno de los poderes, para los casos en que el titular de la fiscalía tiene serios cuestionamientos (sin considerar por ello que en el caso de Veracruz sea culpable, pues todavía tendría que investigarse si tiene alguna responsabilidad) se corren riesgos de que se convierta en un feudo para proteger determinados intereses.

Y esta situación aplica no sólo para la fiscalía de Veracruz, sino para las fiscalías de todo el país, que por la naturaleza y lo delicado de su trabajo siempre persiste la posibilidad de que se vean infiltradas por situaciones relacionadas con corrupción o colusión con la delincuencia.

Por lo anterior, los congresos tienen la alta responsabilidad de analizar de manera profesional los perfiles de los personajes que llegan a esos puestos, independientemente del interés partidista de los diputados.

Y así también, las legislaturas tienen además el deber de someter a escrutinio el trabajo de las fiscalías e investigar a fondo cualquier denuncia que les llegue sobre presuntas anomalías, obviamente sin dejarse guiar por motivos políticos.

De lo que se trata es de que la autonomía se utilice para fortalecer el trabajo de las fiscalías en beneficio de la población, no para proteger o mantener en el puesto a quien no deba de estar ahí.