EDITORIAL. Dudosa sentencia en el caso del exsecretario de Turismo

Con bombo y platillo, la Fiscalía General del Estado (FGE) anunció este martes la sentencia que “logró” por 80 años de prisión contra uno de los presuntos implicados en los hechos ocurridos en marzo de 2019 en la casa del exsecretario de Turismo, en la colonia Las Palmas.

Dice el boletín de prensa que a partir de las indagatorias de la FGE “se desahogaron las suficientes pruebas para demostrar la responsabilidad penal del sentenciado, por lo que el tribunal de enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria por la comisión del delito de secuestro exprés en agravio de varias personas; acontecimiento ocurrido en esta ciudad de Colima”.

Según la Fiscalía, en la fecha del suceso “el ahora sentenciado en compañía de coautores ingresaron al domicilio de un exfuncionario público de la administración pasada, ubicado en la colonia Las Palmas, lugar en el que se encontraban todas las víctimas quienes fueron privadas de su libertad para despojarlas de sus pertenencias y una de ellas fue privada de la vida”.

A través del comunicado, el organismo de procuración de justicia presume que con esas acciones, “una vez más… da cumplimiento a la responsabilidad de investigar y esclarecer los delitos para llevar ante la justicia a los responsables y obtener sentencias condenatorias que evitan la impunidad en los ilícitos que se cometen”.

Sin embargo, este hecho que tanto festeja la FGE deja más dudas que certezas en torno a la real procuración e impartición de la justicia en ese lamentable hecho que costó la vida de un adolescente hace más de tres años y medio.

Por una parte, el boletín es ambiguo pues al principio señala que la sentencia de ochenta años de prisión contra el único detenido fue por el delito de secuestro exprés contra un grupo de personas, aunque después se menciona que en esos hechos una persona fue privada de la vida, pero jamás se menciona el delito de homicidio u homicidio calificado.

Por lo anterior, cabría pensar que sólo se está sancionando uno de los delitos, secuestro exprés, por el que parecería excesiva la pena dictada, pero permanece impune el asesinato del menor de edad.

Por otra parte, quedan muchas preguntas por resolver. ¿Cuál es la situación real del exsecretario de Turismo? Su supuesta muerte, a unos días de la fecha en que tendría que comparecer ante el juez, no ha logrado convencer a todas las partes y, ante la falta de elementos convincentes de ese hecho, hay quienes consideran que se trató de un acto fingido, como estrategia para permitir al exfuncionario escapar a la acción de la justicia y gozar de impunidad.

En todo caso, sería el exsecretario de Turismo, Efraín Heriberto Angulo Rodríguez, quien tendría que ofrecer las mayores explicaciones de lo ocurrido, luego de que se le cayó su primera versión en el sentido de que sufrió un asalto por parte de un comando mientras realizaba una “convivencia” en su domicilio, pus pronto quedó evidenciado que se trató de una fiesta de carácter sexual en la que hubo sexoservidores y menores de edad.

Sin embargo, las autoridades actuaron con extrema lentitud en ese tema y cuando estaban por cumplirse tres años de los hechos, en enero de 2022, y cuando Efraín Angulo tendría que comparecer ante un juez como presunto responsable de corrupción de menores, circularon las versiones de su muerte. Esto último no ha convencido a la familia del menor asesinado.

La FGE, cuyo actual titular, Bryant Alejandro García Ramírez, fue su subordinado del exsecretario de Turismo en esa dependencia, debe dar una explicación clara que dé certeza a la sociedad sobre la muerte o no del exfuncionario. De otra manera, quedará la duda si está siendo cómplice de la posible impunidad.

El hecho de que se haya dictado una sentencia de ochenta años contra uno de los acusados no es motivo del festejo que pretende hacer la fiscalía, pues es un hecho que los principales sospechosos y presuntos responsables continúan prófugos y hasta el momento nadie ha sido juzgado por la muerte del menor, que no debe quedar impune.

Por lo tanto, a tres años y medio de los hechos este caso continúa, en su mayoría, sin resolverse.