Denuncias estancadas ¿ignorancia o complicidad?

Escrito por Claudia Gabriela Aguirre Luna.

Alas de transformación

Siempre he creído que la congruencia y la honestidad son 2 de los atributos que los políticos deberían tener muy presentes, lamentablemente la casta que ahora se encuentra en el poder parece carecer de ella.

Digo lo anterior porque, como es de conocimiento público, desde el pasado 28 de octubre de 2021, interpuse una denuncia de juicio político en contra de José Ignacio Peralta Sánchez exgobernador de Colima y Carlos Arturo Noriega García, exsecretario de Finanzas, quedando bajo expediente JP-02/2021.

Tras una serie de presiones (tanto mías como de algunos medios de comunicación) y una serie de “misteriosos” y “convenientes” cambios al interior de la Comisión de Responsabilidades se admitió dicha denuncia.

Sin embargo, aunque se admitió la denuncia al cumplir con los requisitos de procedibilidad marcados en los artículos 9 y 12 de la Ley de Juicio Político del Estado de Colima, para las diputadas y los diputados que integran la Comisión de Responsabilidades, esta quedó en el olvido por más de 8 meses.

Tras acudir al Congreso del Estado a revisar el avance del tema sin obtener resultados, finalmente, el 12 de junio me llegó un acuerdo dictado por la Comisión, el cual me desilusionó por completo, pues únicamente se trataba de una prevención para que en caso de conocer algún domicilio donde se pudiera localizar al C. José Ignacio Peralta Sánchez, lo proporcionara a la brevedad. Lo curioso es que según dice la Comisión, giraron oficios a diferentes entes públicos con la finalidad de que pudieran tener en sus archivos algún domicilio donde pueda ser emplazado.

El 06 de julio solicite mediante escrito, el estado procesal que guarda dicha denuncia, debido a que transcurrió más de un mes de buscar el domicilio del exgobernador, no creía que lo seguirían buscando, más que nada porque hasta donde se sabe de los únicos que se esconde es de las y los colimenses y pues sigue muy vigente en el ámbito político. 

El 12 de julio se dio respuesta a mi oficio, la cual se resume de la siguiente forma:

1. La denuncia presentada había sido admitida.

2. El expediente se encuentra en preparación para estar en condiciones de desarrollar la siguiente etapa.

3. Se está realizando un examen minucioso para definir las rutas jurídicas que se van a tomar, con la finalidad de agotar los procedimientos y requisitos legales aplicables al juicio político.

4. Una vez determinada la ruta jurídica aplicable se procederá el emplazamiento.

¡Qué absurdo! Sé que no soy abogada, pero las rutas jurídicas a seguir no son inventadas sino que las marca la Ley de Juicio Político del Estado de Colima, y ¿A qué se refieren con “agotar los procedimientos y requisitos legales? Si sólo tienen que emplazar a los denunciados y ¡Seguir al pie de la letra lo que dice la ley al respecto! 

Tal parece que no importa si la denuncia se ha admitido porque ni los diputados ni sus caros asesores encuentran “la ruta jurídica aplicable” y por lo tanto aún no pueden emplazar… Lamentable. 

Sólo espero que no se tarden otros 8 meses en “agotar sus procedimientos” porque lo único que se va agotar es su tiempo en el poder y entonces seguirán siendo igual a las otras legislaturas que tanto criticaban.   

Hasta la fecha siguen pregonando que son diferentes, lo que ocasiona molestia a los ciudadanos, pues de antemano se sabe que su desaprobación aumenta con cada metida de pata que dan, si ni entre los mismos militantes de morena se apoyan, porque dejaron a entrar a ocupar puestos importantes a cuantos quisieron de otros partidos, tal vez sea por eso que no le dan seguimiento al juicio político para defender sus intereses o cobrar sus favores personales.

Donde pueden encontrar al exgobernador también ya se sabe, ya que públicamente el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, nombró a José Ignacio Peralta Sánchez como presidente del Comité de Administración y Gobernanza de Nacional.

Estoy pesando muy seriamente si enviar de nueva cuenta un oficio solicitando me muestren su ruta jurídica y todos los procedimientos que agotaron, porque al transcurrir 9 meses sin emplazarlo, imagino están realizando un trabajo muy exhaustivo.

La verdad no sé si de verdad es ignorancia o falta de voluntad, (aunque me inclinó más por esta opción) pues me resulta increíble que los diputados de la Comisión de Responsabilidad y sus asesores no sepan hacer su chamba y sacar adelante este asunto. 

El tiempo pasa y existe un plazo legal para promover y tramitar la denuncia por juicio político y más vale que los diputados no se confíen, no se les olvide que la Ley General de Responsabilidades, no sólo castiga las acciones sino también las omisiones en que incurran los servidores públicos.

¿Ustedes que piensan? ¿Ignorancia o contubernio?