Hacia un modelo de designaciones públicas claro, abierto, transparente y equitativo

Recientemente, los procesos de designación pública han adquirido relevancia en la entidad. El nombramiento de altos cargos en las instituciones públicas sin cumplir con los perfiles técnicos y administrativos necesarios, así como la intención de controlar políticamente órganos autónomos a través de la modificación de requisitos legales para seleccionar titulares a modo, refuerzan, cada vez más, la convicción ciudadana de atender el problema de la captura de las decisiones públicas y de garantizar la selección de perfiles idóneos para los cargos del sector público. El asunto no es menor, la captura de los cargos, los recursos y las decisiones públicas representa el origen mismo de la corrupción.

Actualmente, en las designaciones públicas del estado prevalece el modelo conocido como la “fórmula de cuates y cuotas”. El alto margen de discrecionalidad que gozan las autoridades responsables de las designaciones posibilita y favorece la tradicional costumbre del Estado mexicano de seleccionar titulares de las instituciones públicas con base en criterios personales o de grupo. Las designaciones se realizan, en la mayoría de los casos, sin que la ciudadanía pueda participar sustantivamente en estos procesos y sin la existencia de mecanismos claros y evidencia que los justifiquen y orienten. Con este modo de decidir y designar, no es casualidad, por tanto, el bajo desempeño y los altos niveles de corrupción en las organizaciones públicas de la entidad.

Frente al modelo de cuotas y cuates prevaleciente en la actualidad, debe oponerse uno de designaciones públicas orientado a garantizar procesos de selección y nombramiento claros, abiertos, transparentes y que garanticen la igualdad de oportunidades (reconociendo, sin duda alguna, criterios de equidad). Desde hace ya más de una década, a nivel nacional y en diversos estados de la República, organizaciones de la sociedad civil demandan y exigen procesos de designación con base en esos criterios o similares. La idea es, por un lado, llevar a cabo procesos de designación con características mínimas que garanticen, de manera sustantiva, la participación ciudadana (con la emisión de comentarios y el acompañamiento en el análisis y valoración de los perfiles), la existencia de criterios de evaluación explícitos y claros en todas las etapas del proceso, así como la máxima publicidad y la disposición a la ciudadanía de información durante todo el curso de las designaciones. Y, por otro lado, el modelo de designaciones públicas busca garantizar la selección de perfiles competentes y capaces que aseguren el buen funcionamiento de las organizaciones, así como la independencia de las instituciones públicas. Debe existir, bajo este modelo, una correspondencia clara entre los criterios de selección y las decisiones tomadas (las designaciones).

Un modelo de designaciones públicas orientado a garantizar un proceso limpio y legítimo, así como perfiles idóneos contribuiría a fortalecer los controles democráticos al ejercicio del poder, el escrutinio ciudadano en las decisiones públicas, la rendición de cuentas, los mecanismos de pesos y contrapesos, así como el combate a la corrupción. Este tipo de modelos fortalecería la capacidad ciudadana para evitar la apropiación de las instituciones públicas para favorecer los intereses privados, de grupo o partidistas en la designación de actores clave en la vida pública del estado. Sin la existencia de mecanismos y procedimientos que garanticen designaciones públicas claras, abiertas, transparentes y equitativas difícilmente las instituciones públicas contarán con las condiciones y capacidades necesarias para afrontar y atender los retos y problemáticas de la entidad.