BANOBRAS no canceló el contrato; desviaron 410 MDP; colimenses deberán pagar la deuda

Colima, México, Avanzada (03/05/2022).- Pese a las irregularidades que se detectaron en el uso de los 410 millones de pesos que el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras) prestó al Gobierno de Colima en el 2018, el contrato nunca fue cancelado, por lo tanto, los colimenses deberán pagar la deuda aunque no exista claridad sobre el uso de los recursos.

El contrato que signó el gobernador, Ignacio Peralta Sánchez con Banobras el 27 de noviembre de 2018, establece en su cláusula segunda que el acreditado (gobierno del Estado) “se obliga a destinar el importe del crédito, precisa y exclusivamente para financiar, incluido el impuesto al valor agregado que en su caso corresponda, el costo de las inversiones públicas productivas que recaen en los campos de atención de Banobras, previstas en el programa de inversión estatal y en la autorización del Congreso, para los siguientes fines, entre otros:

“Hasta $150´000,000 para seguridad pública: la Construcción del Centro de Coordinación y Comando, Control y Comunicación y Cómputo (C5) en la ciudad de Colima”.

“Hasta $ 200’000,000 (doscientos millones de pesos 00/100 M.N.) para la adquisición por parte del Estado de Colima de tierras, terrenos y/o predios urbanos para atender las necesidades de infraestructura social y urbana en la ciudad de Colima”.

“Hasta 60´000,000 para salud: a) Construcción de una Unidad de cuidados intensivos neonatales en el municipio de Manzanillo…”.

Mientras que la cláusula décimo tercera del contrato –del cual tiene una copia AVANZADA- establece que “en caso de que el acreditado incurra en alguno de los supuestos de eventos de incumplimiento, Banobras podrá anticipar el vencimiento de los plazos pactados y exigir de inmediato al acreditado el pago total de lo que adeude por concepto de capital, intereses normales, moratorios y demás accesorios financieros”.

En tanto, la cláusula quinta en su inciso a) advierte que el periodo de disposición concluirá anticipadamente “si el crédito se destina a fines distintos a los pactados”.

El Decreto 617 del Congreso de Colima, aprobado el 27 de septiembre de 2018, en su artículo primero autorizó al gobierno del estado a través del Poder Ejecutivo, para que por conducto de los funcionarios legalmente facultados que actúen en su representación, contrate uno o varios financiamientos destinados a inversión pública productiva por un monto de hasta 410 millones de pesos.

En el artículo Segundo del decreto se establece que los financiamientos que contrate el Gobierno del Estado de Colima, a través del Poder Ejecutivo con base en la presente autorización, serán destinados a inversiones públicas productivas, entre otras cosas, de la siguiente forma:

“En la adquisición por parte del Estado de Colima, de tierras, terrenos y/o predios urbanos, para atender las necesidades de infraestructura social y urbana en la Ciudad de Colima, por un monto de hasta $200,000,000.00 (Doscientos millones de pesos 00/100 M.N.)”.

El 29 de septiembre de 2020, el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG) determinó que el gobierno estatal no utilizó el crédito de 410 millones de pesos, para el fin que le autorizó el Congreso del Estado, es decir la adquisición de predios o terrenos en el municipio de Colima (la compra de la zona militar en Calzada Galván), así como la construcción del C5 y la edificación de una unidad de cuidados neonatales en Manzanillo.

En el informe de resultados de la auditoría correspondiente el ejercicio 2018, el órgano fiscalizador señala que el Poder Ejecutivo violentó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución local y la Ley de Disciplina Financiera “al dar otro destino del autorizado a los recursos económicos del crédito contratado por el ente fiscalizador (el Ejecutivo) al amparo del decreto 617”.

En la observación: F32/FS/18/20 de la cuenta pública 2018, expone que el Poder Legislativo autorizó al gobierno del Estado contratar un crédito por 410 millones de pesos destinados a inversión pública productiva, pero no se ejecutó  de la manera autorizada por los diputados locales.