¿Casa del pueblo?

Casa del Pueblo es la metáfora que, al interior del poder Legislativo, diputadas y diputados emplean para referirse al Congreso local. Casa del pueblo transmite la idea de un Congreso que es abierto, accesible, transparente y que funciona para el interés común. Sin embargo, las rutinas e inercias cotidianas que aún persisten parecen contradecir este mensaje. Por tanto, el desafío consiste en diseñar y aplicar mecanismos institucionales que permitan garantizar el funcionamiento y control democrático de este órgano de gobierno en la entidad. 

En la casa del pueblo, los cargos públicos están sujetos a repartición en, por lo menos, cada nueva legislatura. Son unos cuantos miembros de este poder quienes tienen la facultad y la posibilidad de proponer y designar la integración de los órganos técnicos, administrativos, de apoyo y de investigación parlamentaria. Más allá de la existencia de algunos requisitos legales establecidos para el nombramiento de algunos cargos, prevalece la ausencia de criterios explícitos y objetivos que garanticen la selección de funcionarios con base en el mérito, la profesionalización y la igualdad de oportunidades. Esta situación permite que los puestos públicos sean utilizados para premiar o castigar, así como para integrarlos de manera estratégica bajo criterios personales, de grupo o partidistas. Así, la especialización, el mérito y las capacidades quedan subordinadas a las prioridades y criterios políticos, lo que afecta y mina la calidad y el funcionamiento cotidiano de este poder.

De igual manera, en la casa del pueblo, el presupuesto público es ejercido en un entorno de opacidad y discrecionalidad.  De acuerdo con información del portal de transparencia, en los últimos 6 años (considerando el 2022), el Congreso local acumula montos pagados superiores a veinte millones de pesos en contratos de comunicación social, mismos que han sido asignados sin criterios explícitos basados en la imparcialidad y sin mecanismos de evaluación y rendición de cuentas. Los montos no son menores, el acumulado equivale a más de tres veces el presupuesto asignado para este ejercicio fiscal a la subsecretaría de las juventudes, a la escuela de talentos o al instituto para la atención de adultos mayores. Y supera el monto destinado a derechos humanos, al instituto colimense de las mujeres o a programas como el de uniformes escolares o de entrega de apoyos alimentarios, para este mismo año. El mal manejo y asignación de este tipo de recursos ocurre en detrimento de proyectos destinados a resolver problemas públicos en la entidad y afecta la independencia y calidad de la información.

También, enla casa del pueblo se toman decisiones con amplios riesgos de captura. Designaciones públicas y nombramientos son realizados apegándose a reglamento, pero con la ausencia de procesos públicos y abiertos que garanticen la selección de perfiles adecuados con base en evaluaciones técnicas. De igual manera, es común observar discusiones apresuradasen asuntos de importancia y relevancia para el estado sin considerar la opinión de especialistas o de organizaciones de la sociedad civil a cargo de los temas en cuestión. Asimismo, el cumplimiento oportuno y proactivo de obligaciones de transparencia es una deuda pendiente. Esta captura de las decisiones está en clara oposición al cumplimiento de valores como la imparcialidad, la certeza y la igualdad de oportunidades. 

En suma, la metáfora de la Casa del Pueblo connota la idea de un Congreso que es público, abierto y que procura el interés común por encima de cualquier otro. El problema es que las rutinas e inercias cotidianas de este poder aún permiten la apropiación, en manos de unos cuantos, de aquello que pertenece y está destinado a ser para todas y todos. Mientras no existan procedimientos claros y explícitos que privilegien la imparcialidad, la certeza y la igualdad de oportunidades, la Casa del Pueblo seguirá siendo el Congreso de unos cuantos.