EDITORIAL. Cierre temporal del gobierno, opción ante la quiebra financiera

La quiebra financiera en la que se encuentra hundido el gobierno estatal de Colima, como producto de la herencia negra del exgobernador José Ignacio Peralta Sánchez, no es un asunto menor.

Once mil millones de pesos de pasivos, entre ellos importantes compromisos económicos de corto plazo, para un estado cuyo presupuesto anual es de poco más de 18 mil millones de pesos constituyen una fuerte carga, casi imposible de soportar.

No basta con que el gobierno federal adelante participaciones ni que el gobierno estatal contrate un crédito para recibir oxigenación artificial, pues a final de cuentas será como abrir un hoyo para tapar otro y tarde o temprano la realidad terminará por alcanzar a la administración de Indira Vizcaíno Silva.

El serio problema que cargan las finanzas estatales es una nómina sobregirada, con excesivo personal y con una casta privilegiada de servidores públicos que con sus altos salarios, prestaciones y bonos lo único que hacen es menguar las arcas estatales, en perjuicio del grueso de la ciudadanía.

Seguramente con la mitad del personal con el que actualmente cuentan los tres poderes del estado, los diez ayuntamientos y los organismos autónomos, sería suficiente para sacar adelante el trabajo que se realiza día a día.

Además del necesario e indispensable adelgazamiento de la nómina para contribuir a sanear de fondo las finanzas públicas, una opción que tiene el gobierno de Indira Vizcaíno para afrontar la emergente crisis financiera, sin tener que recurrir a créditos ni a más adelantos de participaciones, es la declaratoria de quiebra gubernamental. Esto implica el consecuente paro temporal de labores y cierre de oficinas no esenciales, con el propósito de ahorrar recursos y regresar a las actividades normales una vez que se estabilicen las finanzas.

Medidas de este tipo han funcionado en otros países, como Estados Unidos, donde desde hace varias décadas ha sido común enterarse del cierre de oficinas gubernamentales. Según un recuento, en el periodo de 1976 a 2019 el gobierno federal estadounidense cerró en varias ocasiones por un total acumulado de 165 días, sobre todo por situaciones de incertidumbre presupuestal generada por desacuerdos en el Congreso, entre otras razones.

Así también, entre 2005 y 2011 se registraron cierres de los gobiernos de los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania y Minessota, por motivos similares.

En el caso de Estados Unidos, un cierre de la administración federal provoca la baja de un gran número de empleados públicos, dado que no ejercen sus funciones ni son remunerados. El personal militar y los empleados esenciales no son dados de baja, pero puede que no se les pague el salario correspondiente a las jornadas que trabajen durante el cierre.

Hasta donde se conoce, en México no se han registrado experiencias de esta naturaleza y probablemente sea difícil llevarlas a cabo con la legislación actual. Sin embargo, es una opción que merece ser analizada y, en caso de encontrarla viable, buscar los mecanismos para llevarla a la práctica.