En la serie de “reportajes” que ha difundido la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado como parte del “legado” que deja el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez a los colimenses, no se ha incluido el “Ecoparc”, luego de que a principios de su administración el mandatario concesionó de manera muy desventajosa para los colimenses el Parque Regional. Seguramente el gobernador ya se dio cuenta de que en ese caso no tiene nada que presumir.
El caso del “Ecoparc” se ha convertido en una de las peores prácticas de negocios fallidos instrumentados por el gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez, en perjuicio de la ciudadanía, a la que se le arrebató un espacio de recreación para entregarlo en concesión, que en los hechos es prácticamente una privatización.
A los pocos meses de que llegó al poder, en lo oscurito y sin consulta de por medio, Peralta negoció con el empresario José Ernesto Zazueta Zazueta, director de la empresa Fiesta Zafari S.A. de C.V. y presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, la entrega a título gratuito del Parque Regional para ser explotado por un periodo de hasta 25 años.
Y según el contrato de la concesión, que en su momento generó un escándalo, además de entregar a Zazueta el manejo del Parque y Zoológico Metropolitano “Griselda Álvarez”, sin la obligación de compartir utilidades, el gobierno estatal se comprometió a cubrir los gastos de los servicios de electricidad, agua y alcantarillado de las instalaciones, entre otros gastos que continuaría absorbiendo la administración estatal.
Aunque en ese tiempo, a principios de 2017, ello provocó serias críticas, ya no se esclareció si se modificaron estas cláusulas del contrato o si el gobierno de Colima siguió realizando esos pagos.
Según el contrato, junto con el parque y el zoológico la empresa también podría explotar económicamente, por un periodo de hasta 25 años, el Museo de Arte Contemporáneo “Jorge Chávez Carrillo”, que sería convertido en Museo de Historia Natural.
Fiesta Zafari, por su parte, se comprometió a realizar ampliaciones y adecuaciones a los inmuebles por un monto de 50 millones de pesos durante los primeros cinco años, a donar anualmente 15 mil entradas para sectores vulnerables y a permitir el uso de espacios a adultos mayores y boy scouts que acuden a realizar ejercicios en las instalaciones.
Aunque la empresa se comprometió a invertir 50 millones de pesos en los primeros cinco años en las instalaciones, no necesariamente dejaría todos los beneficios para el estado, pues una de las cláusulas indica que al final entregaría los inmuebles con las obras y mejoras que hubiere construido, edificado o realizado en los mismos, “salvo aquellas que por su naturaleza puedan desprenderse de los inmuebles o de la referida construcción, en beneficio del ‘concedente’ sin derecho a reembolso o indemnización alguna”.
No pesó en la decisión del gobernador la mala fama que arrastraba esa empresa, sancionada en otras entidades por el mal manejo de zoológicos y el maltrato animal derivado de lo anterior, así como el incumplimiento de los términos de los contratos.
Pronto la empresa empezó a mostrar sus deficiencias al brotar aquí y allá casos de maltrato y negligencia en la atención de los animales, lo que le generó también sanciones por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Además, la contingencia por la pandemia del covid-19 se sumó a la desatención a los animales y llevó prácticamente al abandono al todavía denominado “Ecoparc”.
Recientemente han circulado versiones de que la propia empresa estaría interesada en poner fin a la concesión, luego de que el negocio no resultó como lo esperaba.
Si estas versiones llegan a confirmarse, tal vez le corresponda negociar al gobierno de Indira Vizcaíno. Las circunstancias actuales podrían resultar favorables para que ese espacio vuelva a ser el Parque Regional heredado a los colimenses por la gobernadora Griselda Álvarez. Sólo se esperaría que el gobierno entrante tenga la capacidad e inteligencia para rescatar el parque sin más daños para el erario.