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Investigación por presunta red de corrupción en la API debe llegar hasta al gobierno de Colima: Griselda Martínez

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Colima, México, Avanzada (13/11/2018).- La presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez afirmó que la investigación sobre los presuntos actos de corrupción en la Administración Portuaria Integral en Manzanillo (APIMAN) debe llegar hasta el Gobierno de Colima, con la finalidad descartar un posible tráfico de influencias por parte del titular del Ejecutivo, Ignacio Peralta Sánchez.
Martínez, integrante del Consejo de la API, afirmó que el director de la Administración, Ovidio Noval Nicolau debe citar con urgencia a una reunión de Consejo, en donde participe el titular del Órgano Interno de la API y explique porqué abrió una investigación en contra del director de la dependencia y en la cual se involucra a la empresa Logística de Fluidos y Graneles SA de CV, de la cual son socios, los primos hermanos del gobernador, Ignacio Peralta Sánchez.
“Desde hace muchos años se da el tráfico de influencias, no es raro, es una práctica pero se debe de investigar. Se puede decir que las licitaciones las hicieron conforme a la ley y todo lo que tú quieras, pero para nadie es ajeno que el tráfico de influencias es una realidad”.
– ¿Dentro de la API existe este tráfico de influencias?, se le preguntó.
– “Pudiera darse, es una práctica y esas son prácticas que pudieran erradicarse. Con esto no digo que así haya sido, sino que por todos es sabido que existen esas prácticas. En este tema lo que se tendría que hacer es que se investigue realmente, y de comprobarse que existieron estas prácticas de tráfico de influencias, se tendría que llamar a cuentas a quienes participaron de ellas.
Más adelante, la alcaldesa de Manzanillo insistió en la necesidad de que el director de la API (acusado por el Órgano Interno de Control (OIC) de entregar un contrato irregular a una empresa donde aparecen como socios los primos hermanos del gobernador) cite a consejo, “por ser un escándalo nacional donde existen señalamientos de actos de corrupción, por una cuestión sana y de transparencia debería citar con urgencia al Consejo para abordar el tema”.
Lamentó que los consejeros de la API no tengan facultades legales para citar a una reunión, “sólo es facultad del director y no estoy de acuerdo con eso, porque son juez y parte, así que cita cuando quiere y a discreción. Sería muy bueno que nos mandaran llamar o nos digan cuál es la situación que prevalece en este asunto”, concluyó.

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