“Expediente Avanzada”, muestra la ineptitud de Chapula y Sabino en la CDHEC

Editorial.

Colima, México, Avanzada (02/12/2020).- Hace más de ocho años, en octubre de 2012, el Diario Avanzada presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), entonces encabezada por Roberto Chapula de la Mora, con la petición de que interviniera ante la violación a la libertad de expresión que estaba sufriendo este medio de comunicación frente al Gobierno estatal.

En represalia por la línea editorial crítica de Avanzada, el gobierno de Mario Anguiano Moreno de manera arbitraria le canceló el contrato de publicidad y promovió un boicot entre otros niveles gubernamentales y empresas privadas para que dejaran de anunciarse y de esta manera tratar de ahogar económicamente al medio.

Como consecuencia de esta ofensiva, Avanzada se vio obligado a cerrar las ediciones impresas del semanario y del diario Avanzada, situación que además de la afectación de espacios informativos, implicó el despido de trabajadores y la pérdida de fuentes de empleo.

La reducción o cancelación de publicidad oficial como represalia por la línea informativa de un medio de comunicación ha sido catalogada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como “censura indirecta” o “censura sutil”.

En su queja, Avanzada pidió que el organismo se pronunciara a fin de promover la reparación de la afectación directa que se le estaba generando como consecuencia del retiro arbitrario de la publicidad, así como que se obligara al gobierno estatal a generar criterios objetivos, claros y transparentes para la asignación de la publicidad oficial a los medios de comunicación, dado que la discrecionalidad que impera en su manejo provoca incertidumbre e inseguridad jurídica en los medios de comunicación de Colima.

Aunque abrió el expediente y realizó algunas diligencias por casi tres años, hasta su salida del cargo en septiembre de 2015, Roberto Chapula de la Mora sólo prometió, pero todo quedó en demagogia porque jamás emitió una resolución sobre el asunto.

Por su parte, Sabino Hermilo Flores Arias sucedió a Roberto Chapula el mismo día que éste salió y fue hasta el 19 de diciembre de 2016 cuando emitió la recomendación 08/16, dirigida al Gobierno del estado en la persona del entonces secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa González.

En el documento, la CDHEC dio la razón a este medio, al determinar que “la falta de ordenamientos jurídicos para la asignación de convenios de publicidad a los diversos medios de comunicación, propicia el menoscabo o restricción al derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, es decir afecta el derecho a la información de la sociedad, mismo que es universal y entraña el derecho colectivo de las personas a recibir la información”.

Por tales consideraciones, esa Comisión dio por acreditada la violación de los Derechos Humanos a la legalidad y seguridad jurídica, a libertad de expresión y a la información, en agravio de todos los medios de comunicación que operan en la entidad, entre las que se encuentra el periódico “Avanzada”, por los actos del Gobierno del Estado de Colima, puesto que no existen ordenamientos jurídicos para la asignación de publicidad oficial.

“En esos términos, ante la falta de lineamientos para elegir los medios de comunicación para las publicaciones oficiales, es que se debe adoptar medidas encaminadas a la igualdad y transparencia, para contribuir al respeto de los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, así como a la libertad de expresión tanto de la editorial ‘Avanzada’ y de los distintos medios de comunicación”.

Bajo esa argumentación, la CDHEC formuló las siguientes recomendaciones:

PRIMERA: Se gire instrucciones a quien corresponda a fin de que se emitan lineamientos claros y criterios objetivos, imparciales y transparentes que deberán hacerse públicos a fin de garantizar la igualdad de oportunidades en el otorgamiento y distribución de publicidad oficial en favor de los distintos medios de comunicación.

SEGUNDA: Se gire instrucciones a quien corresponda a efectos de que se lleve a cabo la supervisión de la asignación de publicidad oficial por parte de las distintas dependencias y organismos públicos estatales, que incluya la evaluación adecuada de la asignación en la contratación que éstas realicen conforme a procedimientos y criterios claros, imparciales y transparentes.

De conformidad con el artículo 46, párrafo segundo de la Ley Orgánica de esta Comisión de Derechos Humanos, solicito a usted nos informe dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, si acepta la Recomendación, y dentro de los treinta días hábiles siguientes deberá entregar, en su caso, las pruebas correspondientes de que ha cumplido con la misma.

Aunque la recomendación establecía, conforme a la ley de la materia, un plazo máximo de 45 días hábiles para que la autoridad remitiera a la CDHEC las pruebas de su cumplimiento, lo cierto es que cuando ya van a cumplirse cuatro años de su envío, nada se ha cumplido.

Lo peor de todo es que después del envío de la recomendación, el presidente de la CDHEC, Sabino Hermilo Flores Arias, guardó un silencio ominoso y cómplice, sin realizar ninguna gestión para que la recomendación fuera atendida por el gobierno estatal, hasta que fue sustituido y salió del puesto el pasado 27 de noviembre.

Irónicamente, a casi cuatro años de su envío y a más de ocho de la presentación de la queja, sin que el gobierno estatal haya informado de alguna acción para llevar a cabo lo que ahí se solicitó, en la página web del organismo humanitaria la recomendación aparece catalogada como “Aceptada y en vías de cumplimiento”, frase que por el tiempo transcurrido suena a burla.

Frente a experiencias de este tipo cabría preguntarse de qué ha servido a los colimenses contar con una comisión de derechos humanos que sólo entretiene los asuntos y en los hechos convalida los abusos del poder, con la indolencia que caracterizó al menos a los dos últimos presidentes, por no llevar el análisis más atrás, hasta la fundación de esta institución.

Y ahora, paradójicamente, la CDHEC se encuentra en manos de Roberto Ramírez, quien asumió la presidencia en lo que pareciera ser una herencia indirecta de su padre, Roberto Chapula.

Fuertemente cuestionado por lo que se ha considerado un perfil inadecuado y por llegar al puesto en medio de un procedimiento presuntamente violatorio del principio y ordenamiento legal de la paridad de género (el cargo le correspondería a una mujer), Roberto Ramírez tiene frente a sí un panorama nebuloso e incierto.

Aunque tal vez no sea tan nebuloso e incierto como se percibe la vulnerabilidad de la población colimense ante la violación de los derechos humanos, sin que haya una institución ni un personaje legítimo, fuerte y con autoridad moral y política para defender a los ciudadanos.