El benefactor político de Ignacio Peralta, acusado de corrupción en la Estafa Maestra

Colima, México, Avanzada (17/11/2020).- Luis Videgaray Caso, antiguo amigo y benefactor político del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, fue acusado de participar en la Estafa Maestra, una estrategia fraudulenta mediante la cual se desviaron miles de millones de pesos del gobierno federal a través de universidades públicas del país.

El portal de noticias Animal Político publicó el contenido de una declaración ministerial de Emilio Zebadúa, oficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) cuando la titular era Rosario Robles Berlanga, en la que señala que Videgaray como secretario de Hacienda y Crédito Público ordenó la Estafa Maestra para ayudar al entonces presidente Enrique Peña Nieto y al PRI.

Luis Videgaray fue compañero de estudios de José Ignacio Peralta cuando ambos cursaron la carrera de Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Posteriormente, cuando en 2012 Peralta era alcalde de Colima Videgaray lo hizo coordinador de la campaña de Peña Nieto en el primer distrito, que incluía la capital del estado, y después lo recomendó para convertirse en subsecretario de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Desde ese cargo federal el propio Luis Videgaray pudo impulsar a Peralta Sánchez hacia la candidatura del PRI al gobierno de Colima, adonde llegó por dedazo presidencial.

En un reportaje de Arturo Ángel y Nayeli Roldán, se señala que el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, ordenó el desvío de recursos públicos de una docena de dependencias federales a través del mecanismo conocido como La Estafa Maestra para el financiamiento de campañas políticas, compra de votos y promoción del gobierno de Enrique Peña Nieto y su partido, el PRI, de acuerdo con Emilio Zebadúa, exoficial mayor de la Sedesol y Sedatu ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Indican que para conseguir el perdón legal en la investigación sobre el posible desvío de recursos públicos, Zebadúa hizo una declaración ministerial de 18 páginas, donde narra el modus operandi de La Estafa Maestra, del que se deslinda de cualquier participación, aunque él fue apoderado legal de las cuentas bancarias y encargado de administrar el presupuesto de ambas dependencias.

Además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó a Zebadúa gastos de 205 millones de pesos junto con dos de sus hermanos, sin que ello correspondiera a sus ingresos, por lo que fueron denunciados por probable de lavado de dinero.

El portal Animal Político obtuvo la comparecencia ministerial realizada el 19 de octubre pasado como parte de la causa penal FED/SEIDF/UNAI-CHIS/0001522/2018, donde Zebadúa aseguró que el titular de Hacienda en el sexenio pasado destinó recursos extra a las dependencias que aplicarían el esquema de desvío.

“La secretaria Rosario Robles me comentó que en consulta con el secretario Videgaray le había propuesto contratar empresas privadas que proveerían servicios inherentes a la campaña de la Cruzada Nacional contra el Hambre, mediante la utilización de Universidades Públicas, ya que la Ley de adquisiciones lo permitía y a la vez facilitaba decidir a priori a los proveedores”.

Según el periódico digital, esto permitió el inicio del mecanismo en la Sedesol, pero también en otra docena de dependencias, como la Sagarpa, Economía, SCT, ISSSTE, Pemex, entre otras, a las que se les daba “recursos extraordinarios por la Secretaría de Hacienda para proveer de recursos permanentes durante el sexenio para la promoción publicitaria, político-electoral del presidente, su gobierno y el su partido político, sin que existieran previamente programas formalmente presupuestados para ellos. También desviar recursos públicos para el financiamiento de campañas políticas”, declaró Zebadúa.

Lo que describe, indicó Animal Político, es el mecanismo revelado en la investigación periodística La Estafa Maestra en septiembre de 2017 mediante el cual 11 dependencias de gobierno entregaron, sólo entre 2013 y 2014, más de 7 mil millones de pesos a ocho universidades públicas para hacer supuestos servicios, pero éstas subcontrataron a empresas que resultaron ser ilegales o fantasma y, por lo tanto, el dinero desapareció.

Aunque se trató de un mecanismo complejo en el que presuntamente intervinieron cientos de personas como secretarios de Estado, oficiales mayores, rectores y supuestos empresarios, hasta el momento sólo Rosario Robles está en prisión preventiva por supuesto riesgo de fuga en el proceso judicial que enfrenta por uso indebido de atribuciones; además, existe una orden de aprehensión en contra de 11 personas más, pero ningún alto funcionario.

Ésta es la primera vez que se involucra al extitular de Hacienda, Luis Videgaray, en una declaración judicial; y se trata de una pieza clave, pues la dependencia a su cargo permitió la entrega de recursos a cada dependencia para los convenios con universidades, pese a que la Auditoría Superior de la Federación alertó sobre un presunto desvío desde 2014.

De hecho, este esquema comenzó a la par del gobierno de Enrique Peña Nieto, afirmó Zebadúa. Desde 2012 “tuvo inicio una estrategia general, tanto social como político electoral, en la que participarían la mayor parte de las dependencias del gobierno, una de ellas fue la Cruzada Nacional contra el Hambre, por la cual se desviaron recursos públicos no presupuestados para campañas de brigadeo, medios de comunicación y organización social en los municipios estratégicos, además de actos proselitistas o compra de votos”.

“También la secretaria Robles me expresó que Luis Videgaray le expuso la necesidad de canalizar recursos de la Sedesol para el pago de deudas de compromisos de la campaña electoral presidencial que él había coordinado para el presidente Enrique Peña Nieto”, dijo Zebadúa ante la PGR.

Emilio Zebadúa relata una supuesta conversación con su entonces jefa, Rosario Robles, a inicio de 2014, cuando ella le pidió que la acompañara a una reunión con el secretario de Hacienda Luis Videgaray en su oficina alterna en la calle Julio Verne, en Polanco.

“En dicha cita se entrevistaron en privado ambos secretarios, yo esperándolos en una sala de juntas anexa. Al salir y en tránsito de vuelta a la Sedesol, la secretaria Robles me indicó que por instrucciones del doctor Videgaray debía alguna de las subsecretarías de la Sedesol, en particular aquella a cargo de Javier Guerrero García, contratar una o varias empresas para poder cubrir un compromiso de campaña de cerca de mil millones de pesos que se les adeudaba a los dueños”.

Javier Guerrero, efectivamente suscribió convenios de colaboración con universidades, pero incluso fue desde 2013 con la Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, la Tecnológica de Aguascalientes; o la Autónoma de Baja California Sur en 2015; en todos los casos fueron menores a 3 millones de pesos para el “servicio” de creación de comités comunitarios como parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre, aunque ninguno fue señalado por alguna irregularidad por la Auditoría Superior de la Federación.

En cambio, Emilio Zebadúa firmó los primeros convenios que no sólo fueron señalados por la Auditoría, sino que fueron denunciados penalmente por la posible comisión de delitos.

El 1 de marzo de 2013 y el 6 de mayo de 2013, Zebadúa, como oficial mayor de la Sedesol, firmó dos convenios generales con las universidades autónomas del Estado de México y de Morelos, respectivamente.

Estos documentos, obtenidos por Animal Político vía transparencia, fueron el punto de partida para la realización de siete convenios específicos con ambas universidades para hacer supuestos servicios para la Cruzada como el reparto de medio millón de despensas, la organización de un concierto o la compra de playeras y gorras para brigadistas por 881 millones de pesos, y que presumiblemente fueron desviados, según denunció la Auditoría Superior de la Federación.

Según la declaración de Zebadúa, la secretaria Robles “ordenaba directamente a sus subordinados, los funcionarios responsables de los procesos administrativos y gestiones de pago tal como la Dirección General de Programación y de Presupuesto, Dirección de Recursos Financieros, Dirección de Ejercicio Presupuestal, Dirección de Contabilidad, Dirección de Control Presupuestal de Entidades, Dirección de Tesorería y Subdirección de Presupuesto, realizar los pagos, de acuerdo a lo establecido en los convenios celebrados”.

Pero de acuerdo al reglamento interior de la Sedatu vigente el sexenio pasado, todos los puestos mencionados no dependían de la titular Robles, sino de Emilio Zebadúa, toda vez que formaban parte de la Oficialía Mayor, dirigida por él, apuntó el reporte de Animal Político.