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Dejan morir al Sistema Anticorrupción de Colima

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El Congreso lleva casi tres años sin integrar la comisión encargada de nombrar a los representantes ciudadanos. El Comité Coordinador acumulaba más de un año sin sesionar y el presupuesto de la Secretaría Ejecutiva cayó de 5.1 a 2 millones de pesos.

Colima, México, Avanzada (17/11/2026).— Está por terminar 2026 y el Congreso de Colima, junto con el Gobierno del Estado, ha dejado morir al Sistema Estatal Anticorrupción, que comenzó a tomar forma en 2018.

Los diputados siguen sin integrar la comisión que debe nombrar a los representantes ciudadanos, mientras el Comité Coordinador, del que forma parte la Contraloría del Ejecutivo, llevaba más de un año sin sesionar al cierre de septiembre.

El diagnóstico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, con corte al 30 de septiembre de 2026, documentó que en Colima solo estaban cubiertas seis de las 23 designaciones previstas en los órganos que evaluó. Faltaban los 11 integrantes de la Comisión de Selección, los cinco del Comité de Participación Ciudadana y un lugar en el Comité Coordinador. El informe también registró cero pesos de presupuesto para el comité ciudadano en 2026.

La omisión que impide recuperar la representación ciudadana tiene un responsable directo: el artículo 18 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima encarga al Congreso integrar la Comisión de Selección y esa comisión, a su vez, debe nombrar a las cinco personas del comité ciudadano.

El Congreso publicó una convocatoria en julio de 2022, pero solo recibió cuatro propuestas para 11 lugares. La Secretaría Ejecutiva nacional documentó que Colima carece de esa comisión desde el primer trimestre de 2023, es decir, desde hace casi cuatro años el Poder Legislativo de Colima ha sido omiso y se ha negado a cumplir con la ley.

La ley estatal se publicó en julio de 2017 y el primer Comité de Participación Ciudadana rindió protesta en febrero de 2018. La Constitución local le dio a ese comité un lugar al frente del sistema. Una de sus personas integrantes debe presidir la mesa donde se sientan la Contraloría del Estado, la Fiscalía Anticorrupción, el órgano auditor y representantes de los tribunales. La falta de los cinco nombramientos dejó vacante la presidencia que corresponde a la ciudadanía.

El artículo 126 de la Constitución de Colima le encarga coordinar a las autoridades estatales y municipales que previenen, detectan y sancionan faltas administrativas y hechos de corrupción, así como a las que vigilan el uso del dinero público. Su Comité Coordinador debe diseñar políticas de prevención y fiscalización, evaluar sus avances y elaborar un informe anual. También puede emitir recomendaciones a las dependencias, que deben informar cómo las atendieron. Las auditorías, las investigaciones y las sanciones corresponden a las autoridades competentes en cada caso.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en noviembre de 2025, regula otra vía de rendición de cuentas: el derecho de cualquier persona a solicitar documentos públicos. Por esa vía pueden pedirse contratos, actas e informes. Al Comité Coordinador le corresponde, por su parte, revisar si las medidas para prevenir la corrupción están dando resultados y hacer públicos sus avances.

La Secretaría Ejecutiva estatal conservó personal y reportó actividades de capacitación, pero su presupuesto pasó de alrededor de 5.1 millones de pesos en 2025 a 2 millones en 2026, según el diagnóstico federal. El mismo informe señala que Colima realizó una evaluación de su política anticorrupción o de su implementación, cuyo informe de resultados seguía sin estar disponible al cierre de septiembre. Para entonces, tanto el Comité Coordinador como la Comisión Ejecutiva acumulaban más de un año sin sesionar.

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