Congreso denunciará penalmente al responsable en el Gobierno por retener cuotas de trabajadores

Colima, México, Avanzada (19/06/2020).- El Congreso del Estado presentará una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra de quien resulte responsable en el Gobierno del Estado, DIF, algunos  municipios y organismos descentralizados, por retener las cuotas de los trabajadores y no enviarlas al Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos (IPECOL).

De acuerdo a la página electrónica del IPECOL, el 80 por ciento de las dependencias gubernamentales que deben realizar aportaciones al Instituto de Pensiones, mantienen adeudos con dicho organismo.

El principal deudor es el Gobierno del Estado, quien tiene  pasivos superiores a los 280 millones de pesos, es decir, que no ha entregado las cuotas que le retiene a la burocracia estatal y a los trabajadores de la Educación adheridos a la sección 39 del SNTE y tampoco, ha entregado la parte que le corresponde.

Ayer, cinco diputados de Morena solicitaron al área jurídica del Congreso del Estado que formule la denuncia correspondiente para presentarla ante la Fiscalía General del Estado.

En la denuncia, también pedirán que se finque responsabilidades al ex director y el actual director del IPECOL (Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima), por no aplicar las facultades legales que les confiere la ley, para obligar a los organismos deudores a entregar el dinero correspondiente a las cuotas de los trabajadores, lo que pone en riesgo el pago de las pensiones.

Cabe recordar que el pasado 7 de febrero, en una reunión con secretario de Administración, Kristian Meiners y los diputados locales, la legisladora Blanca Livier Rodríguez Osorio cuestionó al titular de Administración, las causas por la cuales el secretario de Finanzas, Carlos Noriega García no había entregado las cuotas de los trabajadores al IPECOL, sin embargo, Meiners se limitó a responder que el gobernador, Ignacio Peralta Sánchez está enterado de los adeudos, “y preocupado por la liquidez”.

En Colima, desde el 2019, es un delito en Colima el retener las cuotas de los trabajadores  de una entidad pública y omitir destinarlas al fin para el que estaban previstas.

El 21 de diciembre de 2018, los diputados locales adicionaron el artículo 233 BIS del Código Penal del Estado para establecer que el servidor público tiene un periodo máximo de dos meses para entregar las cuotas de los empleados a partir de la fecha en la que hizo el descuento.

De no hacerlo, entonces se estaría incurriendo en un delito. El artículo 233 BIS menciona que la pena mínima sería: “de cuatro a ocho años de prisión cuando el valor del detrimento patrimonial sea de una hasta un importe equivalente de dos mil unidades de medida y actualización”.