Avanzada (18/08/2026).- La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, sí es investigada por autoridades de Estados Unidos, de acuerdo con información publicada por el semanario ZETA, en una investigación firmada por la periodista Adela Navarro Bello.
El medio señala que la confirmación se obtuvo tras consultar a autoridades estadounidenses y revisar cuatro audios filtrados a medios de comunicación, en los que la mandataria estatal habla con un intermediario y con agentes de agencias estadounidenses sobre su situación legal.
De acuerdo con la publicación, un contacto de ZETA en Estados Unidos confirmó que existen investigaciones contra Ávila Olmeda, su exesposo Carlos Torres Torres y otras personas presuntamente vinculadas con el crimen organizado.
“A pregunta específica de este Semanario con el contacto del vecino país sobre cuáles eran los delitos por los que se investigaba a la gobernadora de Baja California, la respuesta fue precisa aun cuando se reservó información: ‘Varios; por eso siguen más investigaciones para decidir cuáles cargos para llevar contra ella, su esposo, otros con vínculos a crimen organizado’”, señala la publicación.
La investigación de ZETA sostiene que el caso se hizo público el pasado 10 de mayo, cuando Ávila Olmeda informó que el gobierno estadounidense había revocado su visa de turista. En ese momento, la gobernadora calificó el asunto como administrativo y negó conocer que existiera una investigación en su contra.
Sin embargo, los audios difundidos posteriormente muestran que la mandataria habría sostenido reuniones con agencias estadounidenses y contratado asesores legales para atender el caso.
En uno de los primeros audios, difundido el 21 de junio por el periodista Héctor de Mauleón, Ávila Olmeda confirmó que había contratado al abogado Michael Nadler, exfiscal de Florida especializado en asuntos de corrupción, crimen y lavado de dinero.
“Yo la verdad estoy tranquila, hemos estado reuniéndome con quienes me han buscado en las agencias”, se escucha decir a la gobernadora, quien también manifestó su intención de canalizar las gestiones mediante su abogado.
En otro audio, difundido el 13 de julio, la mandataria refiere reuniones con agentes estadounidenses y menciona al Departamento de Justicia. Asimismo, pregunta qué información requieren las autoridades y manifiesta su disposición a colaborar.
Posteriormente, el 27 de julio se difundió un tercer audio en el que Ávila del Pilar aparentemente menciona la contratación de otro asesor, identificado como Juan Sandoval, a quien señala como exagente de la CIA.
El cuarto audio, difundido el 11 de agosto por el comunicador Gildo Garza y retomado en el noticiero de Azucena Uresti, es el que, según ZETA, aporta mayores elementos sobre la naturaleza de la investigación.
En la grabación, un agente estadounidense habla de una posible “última oportunidad” para la gobernadora y menciona que las agencias podrían estar considerando cargos o sanciones. Ante la pregunta de Ávila Olmeda sobre el delito que se le atribuye, el agente responde que no puede discutirlo.
El agente le recomienda entonces reunirse con su abogado y preparar una proffer letter, documento mediante el cual una persona bajo investigación puede ofrecer información a autoridades estadounidenses bajo determinadas condiciones.
Según ZETA, este intercambio constituye un indicio de que la gobernadora enfrenta una investigación criminal en Estados Unidos y que las autoridades le habrían ofrecido la posibilidad de cooperar.
No obstante, la publicación también recoge la postura de Ávila Olmeda, quien ha sostenido que los audios fueron sacados de contexto y que fue víctima de una “emboscada psicológica”. La gobernadora ha atribuido la difusión de las grabaciones al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez.
Asimismo, su secretario particular, Jesús Romandía, afirmó que la mandataria no había firmado ninguna proffer letter.
La publicación de ZETA concluye que, pese a las declaraciones de la gobernadora, la información obtenida de autoridades estadounidenses y el contenido de los audios apuntan a que existe una investigación en curso relacionada con Ávila Olmeda y otras personas.