Baleado en 2018 por un policía, Ricardo no puede caminar y su presunto agresor salió libre

Colima, México, Avanzada (10/06/2020).- La noche del 17 de diciembre de 2018, una semana antes de la Navidad, Ricardo, de 15 años de edad, jugaba con cuatro de sus amigos a tronar cohetitos en un terreno baldío ubicado al norte de ciudad.

Ante la llegada de un grupo de hombres armados a bordo de autos particulares huyeron asustados en un vehículo Jeep y fueron perseguidos por el Tercer Anillo Periférico y la avenida Constitución, hasta que fueron baleados por un policía uniformado que los esperaba en una patrulla a la altura de la Avenida La Paz.

Ricardo resultó herido en la columna vertebral y desde entonces no puede caminar a pesar de los tratamientos e intervenciones quirúrgicas que le han realizado.

Después de los hechos se descubriría que los hombres armados eran policías estatales vestidos de civil que confundieron el sonido de los cohetitos con detonaciones de arma de fuego y por ello generaron la persecución que derivó en el suceso que dejó a Ricardo en estado parapléjico.

Como resultado, fue detenido un policía llamado Jocsan “N”, quien casi 18 meses después fue puesto en libertad este martes 8 de junio, luego de que ganó un amparo porque el Ministerio Público no demostró que hubo flagrancia en el momento de su aprehensión.

Bajo el expediente 44/2019, el Juez Tercero de Distrito con sede en Colima concedió al policía el amparo el pasado 9 de mayo de 2019, pero la sentencia fue recurrida y correspondió al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito determinar su legalidad y la confirmó en su audiencia del pasado jueves 4 de junio.

El abogado de la familia de la víctima, Víctor Alonso Tadeo Solano, señaló que existe responsabilidad del Ministerio Público por no haber cumplido con su responsabilidad con la debida diligencia, como lo establece la ley, lo que provocó la liberación del imputado y colocó en estado de indefensión a la víctima.

Dijo que procederá legalmente contra todos los policías participantes del operativo, contra las instancias responsables de que los agentes anduvieran recorriendo calles vestidos de civil en vehículos no identificados como policiacos y contra las autoridades que actuaron con deficiencias y provocaron la liberación del imputado.

Tadeo Solano indicó que se encuentra en marcha una reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Fiscalía General del Estado (FGE), con el propósito de que se otorgue una indemnización al menor afectado, como parte de la reparación integral del daño.

Explicó que de acuerdo con organismos internacionales defensores de los derechos humanos, el Estado mexicano, en este caso representado por la entidad federativa Colima, es responsable de responder ante las víctimas por los abusos que cometen sus agentes.

Víctor Alonso Tadeo refirió que al igual que la fiscalía también será responsabilizado el Poder Ejecutivo de Colima, que deberá reparar los daños causados por los policías estatales que participaron en los hechos en los que resultó herido el menor Ricardo.