Colima, México, Avanzada (11/05/2026).- Tras reconocer que el estado de Colima ha perdido una cuarta parte de su cobertura vegetal en apenas 25 años, el Congreso del Estado aprobó la Ley de Cambio Climático para el Estado de Colima, la cual obliga a distintas dependencias del gobierno estatal a implementar acciones, desde el ámbito de sus competencias, para frenar el deterioro ambiental.
En el dictamen aprobado, las y los diputados establecieron un plazo de 180 días, contados a partir de la publicación de la ley en el Periódico Oficial del Estado, para que el Poder Ejecutivo expida el reglamento que permitirá definir los alcances y la aplicación de esta nueva legislación.
El Congreso también otorgó un plazo de hasta dos años para integrar consejos estatales, registros, fondos e instrumentos de planeación climática previstos en la nueva legislación, así como para armonizar reglamentos y disposiciones administrativas en los distintos niveles de gobierno.
El decreto establece, además, que cualquier recurso adicional requerido para la implementación de esta política deberá solicitarse conforme a los procedimientos presupuestales correspondientes.
En los considerandos del dictamen, los legisladores reconocieron que, durante las últimas décadas, los diversos ecosistemas de la entidad han enfrentado un deterioro progresivo, principalmente como consecuencia del cambio de uso de suelo asociado a la expansión agropecuaria y al crecimiento urbano.
La aprobación de esta legislación ocurre en medio de la creciente disputa que mantienen ciudadanos de Manzanillo con el Gobierno del Estado y la presidenta municipal, a quienes exigen frenar el cambio de uso de suelo de un parque que pretenden destinar a la construcción de Viviendas del Bienestar.
En el dictamen aprobado se advierte que los ecosistemas colimenses han sufrido un deterioro acelerado derivado de la expansión urbana, el crecimiento agropecuario y la presión sobre los recursos naturales. Esta situación coloca a Colima por encima del promedio nacional de deforestación, de acuerdo con el documento.
Las y los diputados señalaron que el estado enfrenta una doble condición: por un lado, una alta vulnerabilidad territorial frente a fenómenos climáticos extremos y, por otro, una responsabilidad compartida en el cumplimiento de las metas nacionales de mitigación y adaptación climática.
Ante este panorama, el Congreso consideró indispensable contar con un marco jurídico actualizado y operativo que permita responder a los desafíos ambientales presentes y futuros.
La nueva legislación surge luego de un proceso de análisis realizado entre julio y diciembre de 2025 por el Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima (IMADES), el Congreso local, la organización Política y Legislación Ambiental A.C. (POLEA) y el Gobierno del Reino Unido, a través del programa UK PACT.
El decreto aprobado menciona que, como parte de estos trabajos, se realizaron 40 entrevistas con especialistas en materia climática y ambiental provenientes de la academia, la administración pública, el sector privado, organizaciones civiles e instancias internacionales. Además, se aplicó un cuestionario en línea que reunió 111 respuestas ciudadanas, destacando una amplia participación de jóvenes.
El diagnóstico derivado de este ejercicio identificó como eje prioritario la justicia ambiental, entendida como la obligación de garantizar que las políticas públicas protejan a las comunidades más vulnerables, promuevan la igualdad de género y aseguren la participación efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones.
Entre los principales retos planteados destacan la transformación de la movilidad hacia sistemas colectivos y eléctricos, el impulso a tecnologías limpias para acelerar la transición energética y la protección de los sumideros naturales de carbono.
Asimismo, se subrayó la necesidad de fortalecer la resiliencia de la infraestructura pública y reducir la vulnerabilidad del estado frente a fenómenos climáticos extremos.
La ley contempla mecanismos de coordinación entre el estado y los municipios, así como instrumentos de financiamiento, transparencia y acceso a la información pública para garantizar el cumplimiento de las metas ambientales.
Con la aprobación de esta nueva normativa quedó abrogada la Ley de Mitigación y Adaptación ante los Efectos del Cambio Climático para el Estado de Colima, vigente desde noviembre de 2016.
*Imagen ilustrativa.