Prometieron un parque, dejaron oficinas y una deuda de 200 MDP

Colima, México, Avanzada (19/03/2026).— Lo que alguna vez se presentó como un proyecto para recuperar un espacio público emblemático terminó convertido en oficinas gubernamentales… y en una deuda que aún levanta preguntas. Han pasado más de seis años desde que la Federación donó gratuitamente los terrenos de la antigua zona militar sobre la Calzada Galván, y el predio sigue lejos de cumplir el propósito social que se prometió a los colimenses.

El inmueble fue entregado oficialmente al Gobierno de Colima mediante un decreto federal publicado en el Diario Oficial de la Federación en 2018. La donación, a título gratuito, se realizó tras la reubicación de la Vigésima Zona Militar, con la intención de destinar el espacio a proyectos de beneficio público.

Pero mientras la Federación formalizaba la entrega, el gobierno estatal encabezado por Ignacio Peralta Sánchez contrataba deuda bancaria bajo el argumento de adquirir el predio. De ese financiamiento, autorizado por el Congreso local, se etiquetaron 200 millones de pesos para la supuesta compra, pese a que después se confirmó que el terreno no había sido comprado, sino donado.

La contradicción no pasó desapercibida y terminó por convertir el caso en uno de los más cuestionados del sexenio 2016-2021. Aunque el exgobernador sostuvo que se trataba de un “intercambio” con la Secretaría de la Defensa Nacional, una auditoría del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Colima detectó inconsistencias y concluyó que los recursos del crédito se utilizaron para un fin distinto al autorizado.

Al mismo tiempo, el Gobierno del Estado anunció la creación de un comité ciudadano que definiría el futuro del terreno. Participaron organizaciones civiles, ambientalistas y académicos, bajo la promesa de construir un gran parque urbano que conservara la vegetación existente, considerada uno de los últimos pulmones verdes del centro de la ciudad. Esa idea, sin embargo, nunca se concretó.

Con el paso del tiempo, el espacio dejó de ser un punto de encuentro para familias que acudían a caminar o convivir los fines de semana. Poco a poco, comenzaron a instalarse dependencias estatales, transformando el sitio en un complejo administrativo.

Hoy, el predio funciona principalmente como oficinas públicas. El proyecto ambiental quedó en segundo plano, el comité ciudadano desapareció del debate público y nunca se presentó un plan integral claro. Mientras tanto, el destino de los 200 millones de pesos sigue sin esclarecerse.

El caso deja dos lecturas inevitables: por un lado, el uso de recursos públicos obtenidos mediante deuda para una compra que nunca ocurrió; por otro, la pérdida de un espacio que pudo convertirse en el principal parque urbano de Colima.