Comerciante denuncia despojo y presunto tráfico de influencias en Villa de Álvarez

Colima, México, Avanzada (27/02/2026).- Después de más de cuatro décadas de trabajo como comerciante, María del Carmen Álvarez Cabrera, de casi 71 años de edad, enfrenta lo que considera una batalla desigual: la ocupación de un inmueble de su propiedad por parte de la madre de una servidora pública adscrita a la Fiscalía General del Estado de Colima en el municipio de Villa de Álvarez.

La afectada presentó en marzo de 2024 una denuncia formal por despojo, luego de que, según su testimonio y el de testigos, la señalada fuera encontrada dentro del inmueble junto con sus hijos, ostentándose como propietaria y asegurando que “no podrían hacer nada” porque pertenecían a la Fiscalía. Desde entonces, afirma, el proceso ha estado marcado por omisiones, dilaciones e irregularidades que han obstaculizado el acceso efectivo a la justicia.

Tres meses después de la denuncia, la parte señalada promovió un juicio de prescripción positiva, argumentando posesión pacífica y continua por más de cinco años. Sin embargo, la comerciante sostiene que ese requisito no se cumple y que nunca existió una ocupación pacífica. Asegura que no se acreditó el plazo legal ni la calidad de propietaria, y que únicamente se exhibieron pagos recientes de agua, además del cambio del contrato de electricidad a nombre de la ocupante.

La denunciante también afirma que se habrían utilizado documentos pertenecientes a la verdadera propietaria. Señala que entregó al Ministerio Público la documentación original que acredita la legítima titularidad del inmueble, con la expectativa de que se esclarecieran los hechos y se restituyera el patrimonio familiar.

Durante el proceso, añade, algunos abogados han manifestado conocer a la servidora pública vinculada con el caso e incluso haber colaborado con ella en investigaciones previas. Otros, dice, refirieron vínculos cercanos con posiciones de poder. María del Carmen sostiene que no conoce personalmente a la funcionaria, pero que su nombre ha sido mencionado reiteradamente en un procedimiento que describe como desgastante y turbio.

A casi tres años del inicio del conflicto, la familia asegura haber enfrentado un fuerte desgaste emocional y económico, así como una prolongación procesal sin resultados claros. “A mi edad he tenido que reunir fuerzas para defender mi honor y mi patrimonio”, expresa la comerciante.

La afectada solicita una revisión integral del expediente, la investigación de posibles actos de tráfico de influencias y la garantía de imparcialidad procesal. “Somos una familia de trabajo. No pedimos privilegios. Pedimos justicia”, afirma, al tiempo que exige que ninguna persona esté por encima de la ley. 

*Imagen ilustrativa.