Diputados callan ante desapariciones y asesinatos de mujeres, pero crean más burocracia

Colima, México, Avanzada (19/02/2026).- El Congreso del Estado de Colima aprobó una reforma constitucional que ordena la creación de una fiscalía especializada para investigar delitos relacionados con la violencia de género contra las mujeres, una instancia que deberá entrar en funciones en un plazo máximo de 180 días. 

Sin embargo, los legisladores no se comprometieron a asignarle un presupuesto propio, por lo que operará bajo la estructura existente de la Fiscalía General del Estado de Colima, lo que pone en duda su capacidad real para atender la crisis de violencia que enfrenta la entidad.

La reforma fue aprobada con 24 votos a favor y sin oposición, con el argumento de armonizar la Constitución local con los principios federales de igualdad sustantiva, perspectiva de género y erradicación de la brecha salarial. Entre los cambios, se establece que la Fiscalía estatal deberá contar formalmente con una unidad especializada en investigar delitos de violencia de género, incorporando este enfoque como principio rector en la procuración de justicia.

No obstante, el dictamen aprobado no incluyó disposiciones para garantizar recursos financieros propios ni autonomía operativa. En los hechos, esta nueva fiscalía dependerá del presupuesto general de la Fiscalía estatal, replicando el modelo de la Fiscalía Anticorrupción, que desde su creación en 2023 ha solicitado recursos propios para contratar agentes y fortalecer investigaciones, sin que el Congreso haya autorizado dichas partidas.

Cabe recordar que Colima ocupa el primer lugar nacional en homicidios dolosos de mujeres por cada 100 mil habitantes. A pesar de esta situación, los diputados no emitieron pronunciamientos públicos sobre la violencia feminicida ni sobre las desapariciones recientes. Apenas ayer, en Manzanillo, se reportó la desaparición de tres mujeres, un hecho que no motivó posicionamientos ni exigencias de acción desde el Poder Legislativo.

La omisión ocurre incluso cuando el Congreso cuenta con una bancada de género que, en el discurso, tiene entre sus prioridades la defensa de los derechos de las mujeres. No obstante, en la práctica, el Poder Legislativo  ha evitado  condenar públicamente la situación de violencia y vulnerabilidad que enfrentan las mujeres en el estado, limitándose a aprobar reformas legales que con frecuencia carecen de mecanismos claros de implementación y seguimiento. Aunque, de manera particular ha habido posicionamientos de diputados, especialmente de oposición quienes han demandado acciones urgentes para proteger a las mujeres.

El problema se agrava por el nivel de impunidad. De acuerdo con la organización Impunidad Cero, la Fiscalía de Colima registra un índice de impunidad del 98 por ciento en homicidios, incluidos los asesinatos de mujeres, lo que evidencia la incapacidad institucional para investigar y sancionar estos delitos.

Colectivos feministas como Las Rosas Rojas han denunciado además un subregistro en los casos de feminicidio, señalando que muchas muertes violentas de mujeres son clasificadas como homicidios dolosos, lo que reduce artificialmente las cifras oficiales. Pese a estos señalamientos, el Congreso no ha pedido investigaciones ni ha exigido transparencia sobre los criterios de clasificación.

Aunque la reforma constitucional establece obligaciones formales para el Estado en materia de igualdad y protección, la falta de recursos asignados y la ausencia de posicionamientos frente a la violencia cotidiana muestra  una contradicción entre el discurso legislativo y la realidad.