Los más pobres, principales afectados ante desastres asociados a fenómenos naturales 

Colima, México, Avanzada (17/01/2026).- Los desastres asociados a fenómenos naturales se encuentran convertidos en indicadores de la desigualdad socioeconómica que prevalece entre la población, pues las mayores afectaciones de estos sucesos recaen sobre los sectores más pobres.

Terremotos, huracanes e inundaciones, que son los fenómenos que azotan en gran medida al estado de Colima, provocan daños en viviendas, servicios públicos e incluso integridad personal de quienes habitan las zonas más vulnerables.

Así ha quedado de manifiesto en desastres causados, por ejemplo, por el terremoto de enero de 2003, que causó afectaciones en alrededor de 20 por ciento de las viviendas de todo el estado, buena parte de ellas construidas de manera precaria, sin los estudios de suelo ni las medidas de seguridad necesarias.

En octubre de 2011, el huracán Jova desnudó la desigualdad social persistente al afectar con inundaciones fundamentalmente a las zonas bajas o las márgenes de ríos y arroyos, donde tienen sus viviendas las personas de menores recursos, pues en las zonas altas y más seguras los terrenos tienen precios más elevados.

De acuerdo con datos del extinto Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), las zonas con mayor pobreza preexistente son más vulnerables a los efectos negativos de los fenómenos naturales, ya que tienen menos recursos para recuperarse, exacerbando problemas como la pobreza extrema y el rezago social.

Comunidades en pobreza tienen menor capacidad de resiliencia ante desastres, lo que los empuja a la pobreza extrema, pues resultan afectados directamente la calidad de la vivienda, el acceso a servicios básicos (agua, electricidad), la seguridad social y la alimentación, creando nuevas carencias o profundizando las existentes.

Según diversos estudios, las personas pobres en México son las más afectadas por desastres debido a su ubicación en zonas de riesgo, la precariedad de sus viviendas y la falta de recursos para recuperarse, concentrando alta vulnerabilidad ante fenómenos como huracanes, sequías e inundaciones, exacerbando problemas de pobreza y falta de acceso a servicios básicos. 

La relación de la pobreza y los desastres tiene su origen en el hecho de que la falta de recursos obliga a las personas a vivir en laderas, riberas o periferias urbanas expuestas a deslaves e inundaciones, en casas construidas con materiales frágiles que no resisten vientos fuertes, lluvias o sismos, causando pérdidas totales o parciales.

Lo anterior genera fuertes impactos en los medios de vida, con la pérdida de empleos, cosechas, herramientas de trabajo, lo que afecta directamente la subsistencia de las familias que en ocasiones pierden lo poco que tenían.

Algunos especialistas sostienen que los desastres no solo golpean a los pobres, sino que los hunden más en la pobreza, dificultando su recuperación y haciendo que la siguiente contingencia sea aún más devastadora, creando una crisis de desarrollo y resiliencia.

Ante esa realidad, a finales de diciembre de 2025 un grupo de legisladores federales presentó en el Congreso de la Unión una iniciativa para actualizar la forma en que se mide la pobreza en México, con el objetivo de incorporar factores ambientales y de riesgo por desastres asociados a fenómenos naturales dentro de las evaluaciones oficiales.

La propuesta, impulsada por la diputada federal Abigail Arredondo Ramos, junto con los legisladores Christian Castro Bello, Noel Chávez Velázquez y Samuel Palma César, plantea reformas a los artículos 11, 25, 36 y 81 de la Ley General de Desarrollo Social, para que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) incluya indicadores de contaminación ambiental y afectaciones por desastres naturales en la medición de la pobreza.

De acuerdo con los promotores, esta actualización permitiría contar con diagnósticos más amplios y realistas sobre las condiciones de vida de la población, con el propósito de que estos nuevos indicadores permitan al Estado diseñar políticas públicas más eficaces y preventivas, no solo enfocadas en atender carencias económicas o de servicios, sino también en reducir riesgos, proteger medios de vida y garantizar entornos saludables, especialmente para los sectores más vulnerables.