Fiscalía dejó durante siete años sin asesoría jurídica a una víctima: CDHEC emite 7 recomendaciones

Colima, México, Avanzada (03/01/2026).- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) emitió la Recomendación 04/2025 dirigida a la Fiscalía General del Estado (FGE), en la que acreditó violaciones a los derechos humanos de una víctima que permaneció durante años sin asesoría jurídica efectiva dentro de una averiguación previa iniciada desde 2013.

El organismo concluyó que la actuación ministerial estuvo marcada por omisiones graves que vulneraron el derecho de las víctimas a recibir acompañamiento legal, así como los principios de legalidad y seguridad jurídica.

La queja fue admitida por la CDHEC el 15 de abril de 2021, luego de que el ciudadano afectado denunciara que, pese a haber presentado una denuncia penal por el delito de daños desde julio de 2013, nunca fue notificado conforme a derecho de las determinaciones adoptadas por el Ministerio Público y, durante la mayor parte del procedimiento, no contó con asesoría ni representación jurídica, como lo establece la Constitución y la legislación en materia de víctimas.

De acuerdo con la recomendación, el 14 de abril de 2021 el quejoso solicitó el apoyo de un visitador de la CDHEC para que, en su presencia, se le permitiera revisar el expediente de su denuncia, toda vez que desconocía el estado real del procedimiento, y en ese contexto expuso encontrarse en un estado de indefensión, pues jamás se le informó de manera clara sobre sus derechos ni se le asignó un asesor jurídico desde el inicio de la investigación.

La Comisión documentó que la averiguación previa —radicada originalmente en 2013— fue objeto de diversas determinaciones, entre ellas el no ejercicio de la acción penal por inexistencia del delito, confirmado en 2018 por el entonces fiscal general.

Sin embargo, dichas resoluciones no fueron notificadas oportunamente a la víctima con el acompañamiento legal que exige la ley, e incluso cuando el quejoso se negó a firmar una notificación por carecer de asesor jurídico, la autoridad continuó con el trámite sin garantizar plenamente ese derecho.

No fue sino hasta finales de 2020, siete años después de presentada la denuncia, cuando la Fiscalía solicitó a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas la designación de un asesor jurídico.

En su análisis, la CDHEC subraya que el derecho a la asesoría jurídica no es una concesión discrecional ni un trámite accesorio, sino una obligación constitucional prevista en el artículo 20, apartado C, de la Constitución federal, cuyo objetivo es permitir que la víctima participe de manera informada y efectiva en el procedimiento penal.

“La finalidad de la intervención de un asesor jurídico es precisamente orientar, asesorar o intervenir legalmente en el procedimiento penal en representación de la víctima u ofendido”, señala la recomendación.

Por ello, aunque finalmente se haya designado un asesor, la CDHEC considera que ello no subsana las violaciones cometidas durante años, cuando el procedimiento avanzó sin que el afectado contara con defensa técnica adecuada.

El organismo defensor de derechos humanos concluyó que personal adscrito a la Fiscalía General del Estado incurrió en omisiones y deficiencias en la aplicación de la normativa constitucional y legal, lo que derivó en afectaciones indebidas a la esfera jurídica del quejoso.

Estas conductas, advierte, transgredieron el derecho a la seguridad jurídica consagrado en el artículo 16 constitucional, al generar incertidumbre sobre las razones y fundamentos de las decisiones ministeriales.

Asimismo, la CDHEC señaló que la actuación de la autoridad vulneró el principio de legalidad, al omitir aplicar de manera correcta las disposiciones que obligan al Ministerio Público a informar a las víctimas sobre sus derechos y a garantizarles asesoría jurídica gratuita desde las primeras etapas del procedimiento.

Para la Comisión, estas fallas no son meros errores administrativos, sino expresiones de una aplicación ineficaz del orden jurídico.

En razón de lo anterior, la CDHEC emitió siete recomendaciones dirigidas a la Fiscalía General del Estado, entre las que destaca la instrucción de restablecer de manera inmediata los derechos de la víctima, asignándole un asesor jurídico debidamente capacitado y garantizando su acceso pleno al expediente y a las actuaciones procesales.

También se ordena revisar el procedimiento para identificar y, en su caso, subsanar las afectaciones derivadas de la falta de asesoría durante años.

Además, la Comisión recomendó iniciar procedimientos de investigación para deslindar responsabilidades administrativas o judiciales de las y los servidores públicos involucrados, implementar programas de capacitación obligatoria en materia de derechos de las víctimas y emitir una declaración oficial de reconocimiento de responsabilidad institucional, dirigida a restablecer la dignidad del agraviado.

Otras medidas incluyen la posible compensación por los gastos que la víctima haya erogado al verse obligada a contratar asesoría particular, su inscripción en el Registro Estatal de Víctimas y la emisión de una circular interna para reforzar, entre todo el personal de la Fiscalía, la obligación de respetar los derechos humanos, el principio de legalidad y la seguridad jurídica.