Colima: corrupción, opacidad e impunidad, la estructura que explica la violencia

Colima, México, Avanzada (13/04/2026).- En Colima, la violencia dejó hace tiempo de ser un hecho aislado. Detrás de los homicidios y los delitos que se repiten día con día hay una constante: instituciones debilitadas por la opacidad, la corrupción y la impunidad. Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) no hacen más que confirmarlo, al mostrar una tendencia al alza desde 2015, con un periodo especialmente crítico entre 2019 y 2023, cuando la entidad se mantuvo de forma recurrente como la más violenta del país en tasa de homicidios.

De acuerdo con registros históricos del SESNSP, Colima pasó de registrar poco más de 100 homicidios dolosos en 2015 a cifras que superaron los 800 casos en 2024. En 2025, aunque se reportó una reducción a 622 víctimas, el estado se mantuvo en el primer lugar nacional en tasa por cada 100 mil habitantes, con 74.04 casos, una cifra que muestra que la disminución no implica una mejora estructural.

La violencia letal es apenas una cara del problema. La extorsión, el robo y otros delitos de alto impacto han acompañado este crecimiento. Incluso con reducciones recientes del 25 al 27 por ciento en homicidios y delitos de alto impacto entre 2024 y 2026, el promedio diario de asesinatos sigue siendo constante, con más de dos víctimas al día en una entidad de apenas 731,391 habitantes.

Sin embargo, la persistencia del crimen no puede explicarse sin observar la impunidad. Diagnósticos como Las condiciones de las Fiscalías Anticorrupción en México, del Instituto Mexicano para la Competitividad, exponen que las fiscalías anticorrupción en el país, incluida la de Colima, operan con limitaciones estructurales, sin autonomía real ni capacidades suficientes para investigar redes de corrupción. En el caso colimense, la Fiscalía Anticorrupción carece incluso de presupuesto propio, lo que la convierte en una instancia prácticamente testimonial.

A ello se suma el debilitamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, el cual fue creado por el Congreso del Estado el 30 de abril de 2015 y prácticamente es inoperante desde hace tres años por negligencia del Congreso colimense. La falta de nombramientos, recursos y voluntad política ha impedido que funcione como contrapeso institucional, quedando desmantelado en la práctica. Además, la organización Aregional coloca a Colima entre las entidades peor evaluadas en transparencia, lo que dificulta el acceso a la información pública y limita la rendición de cuentas.

De tal manera que Colima se ha convertido en un laboratorio de impunidad: un territorio donde los delitos se cometen con alta frecuencia y con mínimas consecuencias legales.