“En el presupuesto se ve el cariño a las instituciones”

Colima, México, Avanzada (02/12/2025).- En el marco del noveno aniversario de la Red Colimense por los Derechos Humanos de las Mujeres, la doctora Mariana Martínez Flores impartió la conferencia “Juzgado auxiliar en materia familiar para emitir órdenes de protección”, donde expuso las fortalezas y las deficiencias institucionales en la atención a mujeres víctimas de violencia, así como la necesidad urgente de que el Estado invierta recursos reales en los mecanismos que deberían garantizar su seguridad inmediata.

Durante su intervención, Martínez Flores recordó que el Juzgado Auxiliar en Materia de Órdenes de Protección —único en su tipo en el país y creado en 2015— nació como una acción afirmativa impulsada por organizaciones civiles ante el incremento del 69 % en solicitudes de protección entre 2014 y 2015. Subrayó que, pese a esa situación crítica, la administración de justicia no ha replicado el modelo en otros partidos judiciales, aun cuando la violencia intrafamiliar es, desde hace años, el delito de mayor incidencia en Colima.

Explicó que este juzgado opera dentro del Centro de Justicia para las Mujeres y fue concebido para atender de manera inmediata a mujeres en riesgo. Sin embargo, señaló que la falta de personal, la ausencia de perfiles especializados y ciertos criterios judiciales que contradicen el espíritu del propio decreto de creación han limitado su eficacia. Entre ellos, mencionó decisiones que condicionan el reingreso de una mujer a su domicilio a que lo solicite “de inmediato”, o resoluciones que favorecen la convivencia de hijos con padres agresores aun en casos donde ha existido riesgo letal.

La doctora cuestionó que, por omisiones en el decreto original, las órdenes de protección también se emitan a favor de varones, lo que en algunos años ha representado hasta el 10 % de los casos. Afirmó que esta situación desvirtúa un mecanismo construido con recursos técnicos y jurídicos para mujeres sobrevivientes de violencia, y urgió a que el Poder Judicial modifique la normatividad para evitar que la carga institucional recaiga nuevamente sobre ellas.

En la misma línea crítica, Martínez Flores advirtió que tanto el Juzgado Auxiliar como el Centro de Justicia operan con estructuras mínimas que no corresponden a la magnitud del problema. A pesar de que la Fiscalía ha creado nuevas fiscalías especializadas, dijo, no se han destinado recursos suficientes para fortalecer las áreas que atienden el delito más recurrente del estado: la violencia familiar.

La especialista también señaló decisiones que, en su opinión, colocan a las víctimas en desventaja, como la restricción para ingresar con celulares al área de Ministerio Público del Centro de Justicia, lo cual afecta particularmente a madres que deben mantenerse en comunicación con sus hijas e hijos mientras realizan trámites urgentes.

A pesar de las carencias, reconoció avances importantes, como el área de empoderamiento y el uso de “pulsos de vida”, mecanismos electrónicos de alerta para mujeres en riesgo. Sin embargo, insistió en que, sin inversión sostenida, los esfuerzos institucionales no alcanzarán a transformar la realidad de quienes atraviesan situaciones de violencia.

“En el presupuesto se ve el cariño a las instituciones”, afirmó, al subrayar que la voluntad política debe traducirse en recursos suficientes para garantizar atención especializada, personal capacitado y mecanismos que funcionen a la velocidad que exige la protección de la vida de las mujeres.