¿Dónde están los 1,814 MDP que adeudan al IPECOL?: Martín Flores

Colima, México, Avanzada (24/11/2025).- El Gobierno del Estado de Colima, junto con diversos organismos públicos y el Poder Judicial, mantiene adeudos que ascienden a 1,814 millones de pesos con el Instituto de Pensiones del Estado de Colima (Ipecol), una cifra que, según el secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE), Martín Flores Castañeda, pone en riesgo el futuro pensionario de más de diez mil familias colimenses. El dirigente advirtió que la falta de cumplimiento de la actual administración y los rezagos heredados de gobiernos anteriores han dejado al instituto sin capacidad para otorgar préstamos, sin excedentes financieros y con una proyección de insolvencia en un plazo de nueve años si no se regularizan las aportaciones. “Es un derecho humano que se está vulnerando”, afirmó.

Flores Castañeda recordó que la gobernadora Indira Vizcaíno Silva y la Secretaría de Finanzas firmaron tres acuerdos con el sindicato. El primero, correspondiente a prestaciones de 2020 y 2021, se cumplió tras un pago cercano a los 100 millones de pesos. El segundo, relacionado con la deuda histórica del Gobierno estatal con el Ipecol, por 665 millones de pesos, sigue en proceso mediante una iniciativa ya enviada al Congreso. El tercero, el más delicado, contemplaba cubrir 508 millones de pesos derivados de aportaciones omitidas en 2022 y 2023 por el propio Ejecutivo y por organismos públicos descentralizados. Este último acuerdo, denunció, no ha recibido un solo pago desde abril de 2024, pese a que existía un compromiso formal de iniciar los abonos a partir de esa fecha.

El señalamiento más severo fue dirigido al Poder Judicial, al que acusó de mantener un adeudo de 110 millones de pesos por aportaciones no entregadas entre 2019 y 2025. Según el dirigente, magistrados y jueces “se han jubilado sin aportar un solo peso”, una práctica que calificó como ilegal y que, aseguró, ni el Congreso ni el Ejecutivo han frenado. A esto se suma que, por ley, el Gobierno debe aportar anualmente un porcentaje creciente del salario cotizable, que va del 10.5 por ciento en 2021 al 23.5 por ciento en 2027. Aunque esos recursos han sido incluidos cada año en el presupuesto estatal, Flores sostuvo que no han sido transferidos al Ipecol, aun cuando la administración cuenta con suficiencia financiera y ha recibido de la federación 1,832 millones de pesos por concepto de devolución de ISR retenido a los trabajadores. “No somos una carga para el Estado. El ISR de los trabajadores le regresa al gobierno más de lo que requiere para cumplir con el Ipecol”, enfatizó, para luego cuestionar directamente: “¿Dónde está ese dinero?”.

El dirigente señaló que esta omisión ha frenado más de 2,500 solicitudes de préstamos personales y cerca de 700 créditos hipotecarios, además de impedir que el instituto genere los excedentes necesarios para garantizar las jubilaciones futuras. Advirtió que, si la situación continúa, el sistema podría entrar en quiebra, como ya ocurrió en el sexenio de Ignacio Peralta, cuando el Ipecol se quedó sin recursos para pagar pensiones y para operar sus programas.

Frente a este escenario, y tras realizar asambleas en los centros de trabajo de todo el estado, los 3,524 agremiados del STSGE aprobaron por unanimidad iniciar un “pie de lucha permanente”. El acuerdo contempla acciones de presión política, jurídica y social que incluyen diálogo directo con la gobernadora, con el Tribunal Superior de Justicia y con el Congreso del Estado; movilizaciones públicas; presencia masiva en eventos oficiales; y participación activa en redes sociales, con el fin de exigir el cumplimiento de la ley y la regularización de los adeudos. Estas acciones dependerán del resultado de la reunión que sostendrán con el secretario general de Gobierno.

Flores llamó también a todos los trabajadores del sector público —incluidos funcionarios de confianza, jueces, ministerios públicos y empleados de otros sindicatos estatales— a sumarse a la defensa del sistema de pensiones, al asegurar que “todos estamos en el mismo barco” y que la crisis del Ipecol afecta por igual a toda la burocracia del estado de Colima.

Aunque destacó que existe confianza en la gobernadora y reconoció avances en uno de los acuerdos, el líder sindical reiteró que la exigencia es única y exclusivamente legal. “No tenemos interés en desestabilizar al gobierno. Solo queremos que se cumpla la ley”, afirmó. Y concluyó con un mensaje firme: “No descansaré mientras el Gobierno del Estado no pague su deuda al Ipecol. Nada nos va a detener”.