Colima endurece sanciones por opacidad gubernamental

Colima, México, Avanzada (22/11/2025).- El Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Colima publicó el pasado 10 de noviembre el decreto mediante el cual se expide la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, una normativa que endurece las obligaciones de los sujetos obligados y establece un amplio catálogo de sanciones para quienes incumplan con el derecho ciudadano de acceso a la información.

A partir del Capítulo II, la ley detalla más de una docena de conductas que serán motivo de sanción. Entre ellas se encuentran omitir respuestas a solicitudes de información, actuar con negligencia o dolo en la sustanciación de los trámites, incumplir plazos, entregar información incompleta o en formatos inaccesibles, ocultar o destruir documentos públicos, intimidar a personas solicitantes o negar información que no esté legalmente clasificada como reservada.

Asimismo, se sancionará a los funcionarios que declaren inexistencia de información pese a que ésta obre en los archivos, que clasifiquen datos sin cumplir con los requisitos legales, que no desclasifiquen información cuyo plazo ya venció o que desobedezcan resoluciones de las autoridades garantes.

La ley establece que ninguna multa podrá cubrirse con recursos públicos y determina un abanico de sanciones que incluyen apercibimientos y multas que van desde 150 hasta 1,500 veces el valor diario de la UMA, además de las responsabilidades contempladas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Para fijar el monto de las multas, las autoridades deberán valorar la gravedad de la falta, el daño causado, la intencionalidad, la reincidencia y la situación económica de la persona infractora. El procedimiento sancionador incluye fases formales de notificación, presentación de pruebas, alegatos y una resolución definitiva que deberá emitirse en un plazo máximo de treinta días.

El marco sancionador también contempla a personas físicas o morales que manejen recursos públicos, a fideicomisos y fondos públicos, así como a quienes, sin ser servidores públicos, tengan obligaciones en materia de transparencia. En estos casos, la autoridad garante podrá imponer multas directas y, cuando corresponda, dar vista a los órganos internos de control o incluso al Ministerio Público si se presume la comisión de un delito.

Al cierre de la nota, la norma publicada marca un precedente en el estado al robustecer el régimen de responsabilidades y reforzar la exigencia de apertura gubernamental, en un contexto donde el acceso a la información se ha convertido en un instrumento esencial para la vigilancia ciudadana y la rendición de cuentas.

La nueva Ley de Transparencia de Colima fija un severo sistema de sanciones —que incluyen multas de hasta 1,500 UMAs— para funcionarios y sujetos obligados que incumplan con la entrega, conservación o publicación de información pública.